La censura de Margaret Thatcher

LA DECISIÓN de los jueces de la Cámara de los Lores, el más alto tribunal del Reino Unido, de prohibir que se publique nada sobre el libro Spycatcher (Cazador de espías), del antiguo agente del servicio de contraespionaje M15, Peter Wright, deja a la Prensa británica e una situación no sólo escandalosa sino absolutamente ridícula. Mientras en el mundo entero se venden ciertos de millares de ejemplares del libro y todos los periódicos publican extractos y comentarios sobre él, la Prensa británica se ve obligada al silencio.Todo empezó con la acción legal emprendida el año pasado, ante los tribunales australianos, por el Gobierno de la señora Thatcher para impedir la publicación del libro de Peter Wright, actualmente residente y nacionalizado australiano. La justicia australiana se pronunció contra la tesis de la señora Thatcher pero, desde entonces, ésta se esfuerza por impedir a la Prensa británica que hable del libro y de sus incidencias judiciales. Suponiendo que existiese al principio un temor serio sobre los efectos del libro en el plano de la seguridad -cosa harto dudosa-, es obvio que hoy ese aspecto está superado. Si el objetivo inicial del Gobierno Thatcher era esconder secretos peligrosos, su actitud ha servido para dar al libro, y a sui secretos, la máxima publicidad. Si quería, por otre lado, castigar a un antiguo agente infiel a sus promesas, ha ayudado con una publicidad gratuita a multiplicar los beneficios del libro.

Lo que hoy resulta más sorprendente es que la señora Thatcher y su partido se muestren incapaces de tener en cuenta unas realidades objetivas que convierten su actitud en absurda. Y que, para sostenella y no enmendalla, lleguen a olvidarse de normas democráticas elementales. Desde que Spycathcher se ha convertido en best seller en Estados Unidos, se multiplican situaciones verdaderamente pintorescas: numerosos ejemplares de esa edición entran en el Reino Unido de modo legal. Cualquier ciudadano inglés puede encargarlo por teléfono a Nueva York y recibirlo en pocos días. Han aparecido en la Prensa fotografías del libro en bibliotecas públicas, donde se puede pedir prestado. El diputado laborista Tony Benn ha leído extractos ante miles de personas en Hyde Park Corner, lugar tradicional de mítines. Pero la Prensa británica no puede aludir al libro prohibido.

Lord Bridge of Harwich, uno de los jueces que se opuso al criterio mayoritario del tribunal de los lores, y que fue presidente de la comisión encargada de supervisar los servicios secretos, ha pronunciado palabras muy serias sobre el tema: en su opinión, "el actual intento de privar al público de este país de informaciones" que circulan libremente en el resto del mundo son pasos hacia "la censura" y "el totalitarismo". Es cierto que las prohibiciones tienen aún carácter provisional, y que está pendiente el juicio sobre el fondo. Pero ello no disminuye la gravedad del atentado cometido contra la libertad de prensa. En todo caso, resulta preocupante que, en un país con una tradición de libertad tan arraigada, sectores de la clase política den pruebas de una insensibilidad casi total ante el valor de la libertad de la prensa como factor insustituible de un sistema democrático.

Es posible que Spycatcher reduzca el crédito, que ya estaba bajo, de los servicios de inteligencia británicos. Pero lo que es evidente es que la actitud del Gobierno de Margaret Thatcher ante él no contribuirá a corregir las causas de ese desprestigio, y sí a minar la autoridad de las instituciones.