Fraga regresa a casa
EL ANUNCIO de que Manuel Fraga será el próximo candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Xunta tiene que ver con los problemas internos de ese partido en Galicia, pero está probablemente relacionado también con los proyectos de relanzamiento del partido derechista por parte de su presidente, Antonio Hernández Mancha. La operación tiene verosimilitud, además, porque conecta con una vieja aspiración personal del propio Fraga.El segundo Gobierno de Fernández Albor, que ya había nacido en precario y necesitado del sostén del sector conservador de Coalición Galega (CG), fue puesto en franca crisis por la desafección del ex vicepresidente de la Xunta y del partido, José Luis Barreiro, que en febrero se fugó con unos cuantos diputados para formar un nuevo partido. La amenaza de una moción de censura, en la que los socialistas podían contar con el voto favorable de esos desafectos, y quizá también con los del citado sector de CG, seducido por el galleguismo moderado que prometía Barreiro, hizo pensar a los aliancistas en la posibilidad de una disolución anticipada de la Cámara autónoma. A tal fin se anunció la preparación de un proyecto de ley por el que se facultaba al presidente de la Xunta para proceder a esa disolución, al igual que ocurre en Euskadi y Cataluña. Unas elecciones anticipadas evitarían la utilización de una parte de los votos de AP contra su propio Gobierno -de lo que se acusaba a Barreiro-, pero el deterioro de la imagen del presidente Albor impedía dar por seguro un reforzamiento electoral del partido allancista en unos nuevos comicios. Excepto si el candidato era Fraga.
El anuncio por Romay Beccaría, vicario de Fraga en la zona, de la candidatura del veterano líder se explica como un intento de desanimar posibles nuevas deserciones aliancistas hacia el neocentrismo de Barreiro y de frenar, simultáneamente, eventuales operaciones destinadas a conformar una alternativa viable a Fernández Albor. Así, a la amenaza de moción de censura, AP podía responder, sin que lajugada pudiera considerarse de farol, con la de disolver el Parlamento y presentar a Fraga. En esa lógica, lo de menos era si la nominación se oficializaba de inmediato o, como ha reclamado con la boca pequeña la dirección regional del partido en Galicia, se aplazaba hasta 1989. El efecto perseguido por Romay Beccaría se cumplía con la mera enunciación de la advertencia: o dejáis en paz a Fernández Albor, o sacamos a Fraga.
Pero otro factorjuega en favor de la realización de la advertencia. El proyecto de renovación ideológica -y de personal político- iniciado por Hernández Mancha en el seno del principal partido de la derecha venía chocando permanentemente con la sombra proyectada por su antecesor. La presencia de éste resultaba tanto más apabullante por su ubicuidad: no estando oficialmente en ninguna parte, estaba en todos los rincones del partido, determinando el curso de los debates, protagonizando las campañas, captando la atención de los medios. Desde su aceptación (y sería interesante saber a propuesta de quién) de la cabecera de la Esta para las elecciones europeas hubo que descartar la posibilidad de que su anunciada retirada del primer plano de la política llegara a convertirse en realidad. En esas condiciones, la hipótesis de hacerle culminar su carrera como presidente de la Xunta servía para ofrecer a Fraga la oportunidad de rendir un importante servicio al partido en ese territorio en un momento dificil, pero también para fijarle una demarcación precisa de actuación. El objetivo sería, pues, doble: por una parte, permitir a AP estabilizar un polo de poder regional. Por otra, permitir a la nueva dirección del partido abordar seriamente su proyecto de renovación.
Hernández Mancha podía declarar el miércoles en televisión que era contrario a la pena de muerte apenas dos días después de que Fraga considerase su reimplantación como "absolutarnente necesaria para combatir el terrorismo". Y la convención de cargos electos de AP podía aprobar el rrtismo día una resolución sobre las autonomías en la que se comienza por aceptar la concepción autonómica del título VIII de la Constitución y renunciar a plantear su reforma. Tal vez no esté de más recordar que fueron precisamente estos dos puntos, la pena de muerte y el diseño autonómico, los más reiteradarnente eludidos por Fraga para justificar en su día la posición de su partido ante el referéndum constitucional y para reclamar posteriormente la modificación de nuestra Carta Magna. Quizá el anuncio del regreso de Manuel Fraga a sus lares no sea extraño a ese silencioso derribo de dos símbolos del fraguismo tan caracterizados como los citados.
