Un país de costas

CUANDO UN 25% de las playas españolas ha desaparecido y un 40% del litoral español ya está urbanizado acaba de recibir su primer aprobado el anteproyecto de la nueva ley de Costas. Esta ley quiere, sobre todo, llenar el vacío legal existente y acabar con los desmanes ecológicos y urbanísticos en las costas españolas. Es un proyecto que, a diferencia de las leyes ahora vigentes, tiene normas para casi todo. Las playas privadas quedan prohibidas, no se puede construir a menos de 100 metros de la costa, los paseos marítimos tienen que situarse fuera de la ribera del mar, las marismas y dunas son zonas protegidas, las pantallas arquitectónicas deben ser evitadas y se pone fin a la prívatización de la arena.Pero esta ley ha llegado escandalosamente tarde para un país que tiene, contando su contorno insular, más de 7.000 kilómetros de litoral, agotado por la especulacion y por la ausencia de una planificación que tenga en cuenta el valor público y ecológico que tienen esas zonas del territorio. ¿Quién puede llenar de arena las playas desaparecidas? ¿Cómo devolver al público un litoral conquistado por hoteles y bloques de apartamentos? ¿Cuantas carreteras o vías de ferrocarril van a ser construidas de nuevo, esta vez alejadas del mar? Mientras se esperaba la llegada de una nueva normativa, ha seguido vigente la ley de 1969, y España, como admite el propio Ministerio de Obras Publicas, se ha convertido en uno de los países del mundo donde la costa está "más gravemente amenazada".

La nueva ley quiere materializar el espíritu de la Constitución, que deja claro que el mar y sus costas "son dominio público". Incluso un artículo de este proyecto de ley asegura que no existen derechos adquiridos anteriormente ni aunque estén amparados por el Registro de la Propiedad. O sea que la Administración, con la nueva ley en la mano, podría limpiar las costas. Una limpieza que, si fuera general y a fondo, acumularía las apelaciones ante los tribunales. Nadie quiere quitar la valla que le permite disfrutar en privado del mar o vaciar unos apartamentos que doblan su precio por estar en primera línea.

El anteproyecto, por el momento, sólo ha sido aprobado por la comisión de subsecretarios. Le queda aún un largo camino por recorrer. Falta que el Consejo de Ministros y que las Cortes -el Congreso y el Senado- le den su visto bueno. Si no hay voluntad política de aprobar cuanto antes el proyecto, éste puede perderse durante meses en un largo y complicado trámite burocrático. Y las costas españolas ya no pueden esperar mucho más. Dieciocho años se ha tardado en configurar una nueva ley que impida que los desmanes sigan adelante, y ese tiempo, que ha coincidido con el del auge insólito de la construcción turística, ha sido verdaderamente excesivo para las posibilidades de supervivencia de la costa española.

La nueva normativa seguramente disgustará a muchos. A los Gobiernos autónomos no les hará gracia que la Administración central retenga casi todas las competencias sobre costas. Pero, aunque haya que hacer modificaciones, el litoral necesita urgentemente una ley que reafirme el carácter público del mismo. En un país en el que aún se utilizan disposiciones legales del siglo XIX para proteger el litoral, la aparición de una verdadera ley de Costas daría un merecido descanso a los especuladores.

Este proyecto se presenta sólo como una apuesta de futuro. Para las playas desaparecidas la ley llega tarde. Para las que quedan, esta nueva legislación resulta urgente para que España no termine convirtiéndose en una gran playa privada amparada por los rascacielos que la bordean.