Interior exige a los complejos petroquímicos planes de seguridad para prevenir atentados

El Ministerio del Interior ha requerido a la dirección de las empresas petroquímicas instaladas en grandes complejos industriales y de las factorías de almacenamiento de combustibles la elaboración de unos proyectos, que han de ser presentados hacia el 15 de septiembre, para garantizar la seguridad de sus instalaciones y evitar, en la medida de lo posible, atentados como los perpetrados por ETA en Enpetrol, de Tarragona, o en los depósitos de Campsa de Ribadellosa (Alava). Este departamento baraja incluso la posibilidad de promulgar un real decreto que obligue al cumplimiento de un mínimo de medidas de seguridad para prevenir los riesgos de atentado.Los proyectos deberán prever, en principio, la creación de barreras físicas, torres de vigilancia y, en algunos casos, circuitos cerrados de televisión en las zonas de las industrias más vulnerables. Asimismo, y según un alto cargo de Interior, incluirían la contratación de más vigilantes jurados por parte de las empresas privadas, "porque las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden cubrir todas estas necesidades".

El Ministerio del Interior adoptó esta medida en una reunión celebrada el pasado 22 de junio, 10 días después de perpetrarse el atentado de ETA contra el rack -haz de tuberías- de Enpetrol, en Tarragona. La reunión estuvo presidida por el subsecretario del departamento, José Luis Martín Palacín, y a ella asistieron, además de miembros de la Secretaría para la Seguridad del Estado y el director general de Protección Civil, Antonio Figueruelo, los gobernadores civiles de las provincias donde hay instalados complejos petroquímicos o grandes factorías de almacenamiento de combustibles: Tarragona, Murcia, Huelva, Tenerife, Cantabria, Valencia, Guadalajara, Cáceres, Murcia, Ciudad Real, Burgos, Castellón, La Coruña y Madrid.

Fruto de esta reunión, según uno de los asistentes, fue la creación de dos comisiones de trabajo en las que estarían presentes altos cargos de la Secretaría para la Seguridad del Estado. Una de las comisiones estudiaría con el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) y con la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (Campsa), los planes de seguridad que deberían implantarse en cada una de las industrias de estas empresas dependientes de la Administración. Una segunda comisión abordaría las medidas a adoptar con la Federación Española de Industrias Químicas (Feique).

Los gobernadores civiles, por su parte, asumieron la responsabilidad de coordinar la elaboración de los proyectos en las industrias instaladas en sus ámbitos provinciales. En este sentido, el gobernador civil de Tarragona, Vicente Valero, se reunió el pasado día 3 de julio con la dirección de algunas de las empresas instaladas en su provincia. Los planes de seguridad para las industrias instaladas en cualquiera de los tres complejos de Tarragona habrán de ser presentados con el aval de la Asociación de Empresarios Químicos de Tarragona y la Federación Española de Industrias Químicas.

Mínimos de seguridad

Las direcciones de las empresas instaladas en Tarragona han comenzado a estudiar qué formula habría que aplicar para salvaguardar de un eventual atentado las tuberías que discurren por el polígono donde ETA perpetró el atentado. Una de las posibilidades que se baraja en estos momentos sería el soterramiento de las tuberías.Un alto cargo de Interior señaló que la comisión de la Secretaría para la Seguridad del Estado estudia la posibilidad de elaborar un real decreto, como se hizo con las entidades bancarias y financieras, para obligar a establecer unos mínimos de seguridad y de vigilancia en los puntos más vulnerables de los complejos petroquímicos y en los depósitos de almacenamiento de combustibles.