El éxito y la torpeza

EL IMPORTANTE éxito policial que supone la desarticulación de ayer, en San Sebastián, del denominado comando Donosti de la banda terrorista ETA, ha ido acompañado, desgraciadamente, de un nuevo episodio en la deplorable animosidad existente entre los medios policiales y los jurídicos del País Vasco. Un importante golpe de mano como es la detención de un grupo al que en principio se le imputan seis asesinatos queda así empañado ante la opinión pública por la torpeza de una disputa: tras las detenciones, el juez, el fiscal y dos forenses se personaron con extremada celeridad en el cuartel de la Guardia Civil donde se hallaban los sospechosos, en un poco ambiguo gesto destinado a evitar que se produjeran malos tratos. Inmediatamente, apelando al argumento policial de que "las primeras libras de los ínterrogatorios son las más productivas", el gobernador civil de Guipúzcoa lanzó una acusación pública de que eso suponía un obstruccionismo a la acción investigadora.La imputación del gobernador es grave. Revela ignorancia sobre el papel del poder judicial en el Estado y sobre los límites de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Todavía está vigente el artículo 286 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando el juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar sumario, cesarán las diligencias de prevención que estuviere practicando cualquier autoridad o agente de policía, debiendo éstos entregarlas en el acto a dicho juez, así como los efectos relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiere". Y la propia ley antiterrorista, que atribuye a los jueces centrales de la Audiencia Nacional la instrucción de las causas por delitos de terrorismo, afirma que ello " se entiende sin perjuicio de las actuaciones judiciales pertinentes en caso de utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en esta ley y de las competencias que en defensa de la legalidad corresponden al ministerio fiscal".

Ni el juez ni el fiscal, al personarse en un centro policial de detención, obstruyen investigación policial alguna, ya que el hecho mismo de su presencia les convierte en directores de esa investigación. Las autoridades dependientes del Ministerio del Interior debían ser las primeras en conocerlo y acatarlo.

Pero la gravedad de este caso no reside tanto en el mismo como en su significado dentro del encadenamiento de hechos que parecen responder a una extraña estrategia de dislocación de los poderes del Estado democrático. En el País Vasco esta ciega estrategia empuja a la suicida condena de representantes del poder judicial bajo el pretexto de que sus titulares no se adaptan a las reglas particulares -no constitucionales- que intentan hacer valer quienes definen la lucha policial contra el terrorismo. Esta actuación lleva por fuerza a alimentar la interesada y falaz pretensión de ciertos sectores de las fuerzas de seguridad de presentarse como los únicos sostenedores del Estado en aquella zona de España. Este conflicto va a distraer. una vez más, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la atención de la opinión pública de la cuestión más importante, que es la batalla que el Estado español libra contra el terrorismo. La solidaridad social que la lucha antiterrorista necesita no puede seguir siendo empañada de esta forma por una pelea de gallos entre poderes del Estado esenciales a su concepción democrática. Y ahora se ven los devastadores efectos que tienen algunas irresponsables declaraciones de miembros del Gobierno contra el poder judicial y su función en el Estado de derecho.