El guión municipal

NUMEROSOS AYUNTAMIENTOS españoles descubren hoy los problemas que se derivan del nuevo reparto del poder, y muchos alcaldes y concejales socialistas se enfrentan a las servidumbres del final de la mayoría absoluta y a unas situaciones que, aunque habituales en las democracias, parecen cogerles a contrapié. En esas corporaciones, a los problemas de gobernabilidad se les suman otros, derivados del mayor control social que se va a producir sobre el ejercicio de un poder municipal más debilitado y, por tanto, necesitado de asistencias. Los grupos de oposición, crecidos por la mayoría que todos ellos juntos pueden formar coyunturalmente, comienzan a ejercer su papel fiscalizador, con una capacidad obstruccionista que requiere tanto sentido de la responsabilidad como la que precisaba la Administración de las mayorías absolutas.Un ejemplo de este tipo de situaciones, que salpican toda la geografía española, se vive en el Ayuntamiento de Madrid, donde el mismo alcalde, Juan Barranco, describe la catarata de nuevos problemas que se le plantean a su grupo municipal con el expresivo dicho popular de "al perro flaco todos son pulgas". En Madrid, apenas iniciado este mandato, ha trascendido la existencia de una acumulación de cientos de expedientes de gastos -algunos retenidos desde el año 1983- que dormían sin aprobación por la intervención municipal. Desbordando la razonable crítica a ese hecho, sectores de la oposición pretenden desnaturalizar las cosas, echándole demagógicamente en cara al alcalde y a su grupo que en ocasiones hayan comido con cargo al erario público.

Si los gastos de una celebración tradicional -como es un almuerzo de fin de año que se está convirtiendo en absurda piedra de escándalo- pueden justificarse, y los fondos públicos destinados a los gastos de los grupos m unicipales pueden destinarse a ese fin, lo que no tiene justificación es un retraso de años en la aprobación de cientos de expedientes sobre miles de millones de pesetas. Y es acerca de estos problemas de fondo donde debe actuar la oposición. Las explicaciones de que el retraso se debe a la falta de medios del departamento de fiscalización constituyen otro punto de reflexión para todos: estaba en manos de la anterior mayoría de Gobierno municipal la posibilidad de dotar a ese servicio de lo que necesitaba.

La oposición cumple con su deber al llamar la atención sobre estas cuestiones, o al intentar poner coto a la tendencia a contratar personal de confianza política para cargos que pueden desempeñar funcionarios especializados. Es lógico que algunos de esos puestos sean desempeñados por personas de confianza del equipo político que dirige el Ayuntanúento, pero parece discutible que en el caso de Madrid sean necesarias hasta 128'contrataciones de este tipo. La solución reside en una política más eficaz de formación y contratación del funcionariado, ateniéndose al marco legalmente previsto para ello. Y, en todo caso, lo que no pueden hacer los nuevos equipos municipales es empecinarse en recabar para sí, bajo el pretexto de la ingobemabilidad, las mismas condiciones de antes, pues la situación ha cambiado.

Pero la oposición también debe tener en cuenta que no puede conducir su necesaria tarea de control hasta el punto de negar el pan y la sal a quienes están más que legitimados por las urnas para administrar el poder, aunque esas mismas umas no les hayan concedido la mayoría absoluta. La principal lección democrática de la nueva situación municipal ha de ser, precisamente, la de que se pueden administrar los ayuntamientos tanto si hay una mayoría absoluta como si no la hay. Claro está que ello requiere la existencia de una clase política seria y responsable, en la que una oposición constructiva no puede convertirse en una pandilla de filibusteros.