Las cuentas de año

Las 858, familias que habitaban en el valle de Riaño (León) cuando se iniciaron las expropiaciones para construir el embalse, a principios de los años setenta, han cobrado el equivalente de unos 14.000 milIones de pesetas (pesetas de 1986) en varios plazos, es decir, una media de 17 millones de pesetas, según la Confederación Hidrográfica del Duero. La mayoría de las indemnizaciones se firmaron por mutuo acuerdo, aunque los afectados señalan que hubo fuertes presiones y amenazas, argumentando además que en la dictadura era muy difícil decir que no. Durante 20 años, los vecinos han ocupado edificios del Estado, y se han dado casos de alquiler y traspaso de inmuebles y prados por quienes ya no eran sus dueños.

El embalse de Riaño ha sido el proyecto hidraúlico de nuestro país que ha obligado) a un mayor número de personas a abandonar sus hogares. Cuando en.1965 se aprobó definitivamente el proyecto de la presa, alrededor de 3.000 personas -en concreto, 858 cabezas de familia- vivían en los nueve pueblos que serían inundados: Riaflo, Éscaro, Anciles, La Puerta, Pedrosa del Rey, Salio, Huelde, Burán y Vegacerneja. Tras las expropiaciones, dos tercios de los, habitantes abandonaron las nueve localidades afectadas.La Administración, apoyándose en la ley de Expropiaciones Forzosas, desembolsó 3.410 millones de pesetas, que actualizadas suponen, según el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un total de 14.283 millones en pesetas de 1986.

El montante principal de las indemnizaciones se pagó entre 1972 y 1978, aunque una partida -la de industrias y minas- comenzó a abonarse, aunque en mínimas cantidades, en 1968, y otras se han terminado en 1985 y 1986.

Pagos por cuatro, conceptos

Siguiendo la ley de Expropiaciones Forzosas de 1954, las indemnizaciones se pagaron por cuatro conceptos: bienes rústicos, bienes urbanos, industrias y minas, y traslado de población. Por la partida de bienes rústicos, es decir las tierras de labor y prados para el ganado, la Administración abonó un total de 624 millones de pesetas, que en pesetas de 1986 suponen 2.878 millones. El pago comenzó en 1971 y terminó en 1986.Dentro de esos cuatro conceptos, es el de bienes urbanos el que alcanzó la cifra más alta de indemnizaciones: 1.079 millones (5.948 millones en pesetas de 1986). Los bienes urbanos -unos - 500 inmuebles entre viviendas y cuadras- comenzaron a indemnizarse en 1972 y se terminaron en 1986; la partida de industrias y minas ha alcanzado una cifra de 595 millones de pesetas (2.180 millones en 1986), y la de traslado de población, 1. 111 millones de pesetas (3.274 millones en 1986).

El proceso de negociaciones sobre los pagos fue largo y complicado. Los vecinos estuvieron asesorados por un equipo de abogados y técnicos, en el que figuraba Eduardo García de Enterría. La mayoría de las indemnizaciones se pactó, aunque en algunos casos se llegó hasta el Tribunal Supremo, después de pasar por jurados provinciales especiales.

Y luego llegó lo que algunas fuentes de la Administración califican de "auténtico negocio de Riaño". Algunos riafleses, con casas ya compradas en León -principalmente, en el barrio de Pinilla-, Pamplona, Asturias o Zaragoza, procedieron al alquiler de sus viviendas primitivas, y especialmente de los prados donde pasta el ganado. También hubo casos de regreso a Riaflo por parte de vecinos que habían abandonado la localidad para continuar con los negocios familiares en los inmuebles ya expropiados y pagados.

El médico de la localidad, Adman Al Masri, de 47 años, nacido sirio y nacionalizado español hace 10, reconoce que pagó un traspaso por el hostal Pajín, en esa localidad, a su antigua dueña. Al Masri no quiere decir la cifra que pagó -"fue poco dinero"-, y, afirma que luego invirtió dinero en arreglarlo. Una de las plantas del hostal era utilizada, hasta su demolición la semana pasada., para vivienda, y el resto se abría como posada durante los tres meses de verano regentada por su mujer. Al Masri dice que desconocía que el edificio estuviera expropiado y pagado, y asegura. que abonó incluso a Hacienda por el traspaso y que todos los años cumplía con una licencia fiscal de 60.000 pesetas.

La protesta vecinal se ha centrado fundamentalmente en la miseria cobrada de la Administración, como prueban los interdictos para intentar frenar las demoliciones iniciadas en el mes de diciembre pasado. Todos estos interdictos han sido rechazados judicialmente, e incluso la Audiencia Provincial de León ha estimado que los demandantes .actuaron de mala fe y ocultaron hechos" al manifestar que no habían sido indemnizados.

Permisos y subvenciones

Pero no todas las quejas de los riañeses tienen ese origen. A muchos de ellos, la mayoría jóvenes que no fueron indemnizados directamente por tener entonces 8 o 10 años, la misma Administración les ha concedido permisos y Subvenciones para que abriesen ,negocios en la propia localidad. "Y si la misma Administración nos ha fomentado en este sentido el poder vivir aquí, ¿cómo íbamos a creernos lo del embalse, que ha sido el eterno fantasma desde mi infancia?", dice un joven del pueblo.