Contra la impunidad

DIVERSAS RESOLUCIONES de los tribunales sobre actos delictivos de miembros de las fuerzas de seguridad -torturas, lesiones, escuchas ilegales y homicidio frustrado- han coincidido en unas fechas en que se asiste a una formidable presión, avalada o auspiciada por sectores del propio Gobierno, sobre los jueces que actúan en este tipo de casos. La tutela requerida por el presidente de la Audiencia de San Sebastián al Consejo General del Poder Judicial, a fin de que dos de sus miembros estuvieran presentes en un juicio por torturas contra cinco guardias civiles, es una prueba de las dificultades que encuentran los jueces en el pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.La minimización que desde sectores del Gobierno se ha pretendido de las acciones abusivas de las fuerzas de seguridad, reduciéndolas a la categoría de bofetadas cuando, en ocasiones, han llegado a arrebatar la vida de ciudadanos inocentes, renueva la tendencia, en ese sector del aparato del Estado, hacia el privilegio de la impunidad. Ahora es la embestida del terrorismo lo que se alega para exigir un trato privilegiado. Pero otras veces es el carácter de!una manifestación o la inseguridad ciudadana. Argumentaciones que tratan de disolver las irregularidades e incluso las actuaciones delictivas como vinculadas a la exigible eficacia de la actuación policial.

En un Estado de derecho no puede admitirse, bajo ningún pretexto, la existencia de áreas de impunidad, y quienes más obligados están a que esto sea así son quienes están al servicio directo del Estado. Grupos intocables en el pasado, como el de los propios jueces, han comenzado también a ser responsables de sus actos ante la ley. Y lo mismo ha ocurrido con aquellos otros grupos a quienes el Estado tiene encomendadas la defensa del orden público y la seguridad de los ciudadanos. La nota comunicada al Gobierno por el Consejo General del Poder Judicial es en todo coherente con esto. Y quizá sea preciso añadir la admiración y el respeto que produce este tipo de declaración encabezada por un hombre, Antonio Hernández Gil, que ha sido objetivo prioritario de los terroristas y al que pasó la muerte rozando en forma de cohete dirigido contra su coche. Alguien que ha sufrido tan de cerca el ataque terrorista y que tiene la dignidad moral y la entereza de anuno como para no dejarse llevar por el apasionamiento y defender a ultranza los fundamentos democráticos y la concepción jurídica que demandan, merece el homenaje de la ciudadanía.

Con las resoluciones que acaban de dictar en un ámbito tan sensible como es el de la actuación de las fuerzas de seguridad, los tribunales españoles han dado una prueba de su independencia frente al poder político, algo tanto más de alabar cuanto que se produce en momentos de agobio para su actuación jurisdiccional. Quizá los jueces españoles todavía no tienen conciencia clara del caracter público del poder que les otorga la Constitución y su actuación siga exageradamente anclada en los límites de los casos concretos que se les plantean. En todo caso, este carácter nunca debería obligarles, y nadie exigírselo, a avalar con su autoridad las ilegalidades que pretendan ampararse en la razón de Estado.