Barranco ordena revisar las licencias de las terrazas

Juan Barranco, alcalde de Madrid, ha ordenado revisar todas las licencias concedidas para la apertura de quioscos con terrazas de verano en las principales vías de Madrid. Alrededor de 40, de los más de.300 quioscos abiertos, presentan graves irregularidades, lo que puede suponer su cierre. Para el próximo año se dictarán una normas estéticas y aumentarán las tasas. Según el alcalde, algunas terrazas han cometido "auténtica piratería".

"Estoy de acuerdo con la existencia de las terrazas y me parece bien su actividad, pero no así el exceso que se ha cometido por parte de algunos adjudicatarios", afirmó ayer el alcalde."Estamos dispuestos a cerrar todas aquellas que produzcan situaciones que superen los límites permitidos", añadió Barranco. "Esta decisión obedece a las continuas molestias y disturbios que han sido denuncia dos por los vecinos. Hay que acabar con la invasión de la aceras por parte de los coches y no se puede consentir que la actividad suponga una molestia para el vecindario".

Entre las anomalías cometidas por algunos adjudicatarios de terrazas se encuentran la acometidas ilegales de agua luz, la utilización de mayor espacio del permitido, colocación de equipos de sonido a gran volumen, construcción de los quioscos en obra de fábrica o la instalación de futbolines, billares y hasta piscinas.

Tras la revisión de licencias, algunas quedarán clausura das, puesto que han hecho auténtica piratería". Para el próximo año aumentarán la tasas municipales, ya que la mejor terraza de Madrid paga 400.000 pesetas por tres meses, cuando los beneficios pueden alcanzan los 30 millones.

"Asimismo hemos dado órdenes para que se fijen los criterios que deberán seguir los quioscos el próximo año, con objeto de lograr una homologación desde el punto de vista estético. La ocupación del espacio público ha de hacerse garantizando su dignidad".

Las calles madrileñas se encuentran en la actualidad ocupadas por más de 300 quioscos de temporada y más de 3.000 terrazas pertenecientes a locales de bostelería permanentes.

El incremento sobre años precedentes sorprendió a los servicios administrativos de las 18 juntas municipales de distrito, encargados de dar la autorización y de cobrar las tasas, que, ante la falta de normativa especial, son las mismas que paga un puesto de helados.