Felipe González elegirá el modo de implicación de los jueces naturales en la lucha contra ETA

El presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, tienen lo previsto un encuentro para hoy sobre la sustitución de la ley antiterrorista. En concreto, el presidente González tendrá que optar sobre la continuidad de la competencia de la Audiencia Nacional en los delitos de terrorismo, la atribución de toda o parte de la misma a los jueces, naturales o sobre una tercera vía, consistente en el nombramiento de jueces especiales en razón de la multiterritorialidad del delito.

Según altas fuentes del Ministerio para las Relaciones con las Cortes, un primer estudio Sobre el informe de líneas generales encargado a los titulares de Justicia e Interior fue realizado ya por el Consejo de Ministros el mes pasado, pero quedaron sin decidir las cuestiones más polémicas, y en especial el marco Jurídico para el compromiso de los jueces vascos en la lucha contra ETA. las mismas fuentes reconocieron que la promesa gubernamental de enviar "antes del verano" al Parlamento el proyecto de ley que sustituirá la ley Antiterrorista probablemente tendrá que aplazarse hasta después de agosto.

En todo caso, la decisión de Felipe González será el paso previo para la iniciación del trámite normal del proyecto de ley, que deberá ser informado por el Consejo General del Poder Judicial antes de su envío a las Cortes. Hasta que se produzca esa decisión, las fuentes gubernamentales consultadas guardan un profundo mutismo sobre el contenido de los trabajos previos y de las propuestas concretas que se someterán a la consideración presidencial. Sin embargo, este periódico ha podido saber que el departamento de Justicia ofrece fórmulas que, sin restar eficacia a la lucha contra el terrorismo, aseguren la constitucionalidad de las normas jurídicas que la regulen.

Doctrina constitucional

Justicia tiene presente la doctrina elaborada en los últimos años por el Tribunal Constitucional, escrupulosamente respetuosa con los derechos fundamentales. Precisamente el alto tribunal tiene pendiente de sentencia, recurrida desde abril de 1985 por los Parlamentos autonómicos vasco y catalán, la ley Antiterrorista que ahora se proyecta sustituir. Un recurso posterior, el presentado por el Defensor del Pueblo en octubre de 1985 sobre la ley de extranjería, fue resuelto el pasado martes contra los planteamientos del Gobierno propuestos en su día al Gabinete por el Ministerio del Interior.El ponente de los dos recursos contra la ley Antiterrorista es el magistrado Miguel Rodríguez-Piñero, profesor en su día de Felipe González en la Facultad de Derecho de Sevilla. Es seguro que la sentencia sobre estos recursos de inconstitucionalidad no se producirá antes del próximo mes de septiembre, pero en todo caso la derogación o sustitución de la ley no impedirá que el alto tribunal se pronuncie sobre las cuestiones objetos del recurso. Fuentes del Tribunal Constitucional recordaron que este criterio fue mantenido, entre otras, en la sentencia sobre el decreto-ley de reorganización del Gobierno, recurrido por AP, sobre el que se decidió a pesar de haber desistido el recurrente.

El ministro de Justicia tiene presente que la doctrina del Tribunal Constitucional ha mantenido hasta el momento la adecuación de la Audiencia Nacional a la Constitución, por cumplir el requisito jurídico de consistir en un tribunal ordinario "predeterminado, por la ley". De ahí que Ledesma se muestre en principio poco propicio a atribuir a los jueces naturales "todas" las actuales competencias de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo.

Ledesma recuerda la sentencia sobre el juez especial designado para la quiebra de la Naviera Aznar, en la que el alto tribunal dejó claro su criterio sobre lo que es el juez ordinario predeterminado por la ley. Una fórmula fundamentada en la designación de jueces especiales, prevista en nuestras leyes procesales, sólo tendría virtualidad mediante una clara especificación legal previa de en qué casos entraría en funcionamiento, por tratarse de delitos terroristas que afectaran a varios territorios o por otras razones atendibles.

Desconfianza hacia los jueces

Por lo demás, la mayoría de los sectores socialistas de dentro y fuera del Gobierno consultados por este periódico son partidarios de que la Audiencia Nacional continué con sus competencias sobre el terrorismo. En estos sectores se ve como un riesgo el deseo de que los jueces vascos se mojen en la lucha antiterrorista, porque se continua desconfiando del ambiente de crispación del País Vasco, a pesar de la experiencia ejemplar del juicio celebrado en Bilbao contra Juan Carlos Yoldi y otros presuntos etarras. Un alto cargo gubernamental dijo que "el caso Yoldi era muy fácil en relación con otros".

La prevista reunión para hoy de González y Ledesma, confirmada en fuentes de la Moncloa, se produce en el ambiente enrarecido por las declaraciones del ministro José Barrionuevo, al semanario Cambio 16, que produjeron el martes último un fuerte impacto en el Ministerio de Justicia. El contenido de la entrevista ha reforzado el propósito de Justicia -frente a afirmaciones exculpatorias sobre la "bofetada a un terrorista" por parte de un guardia civil o un policía o las acusaciones a los jueces vascos- de ofrecer al presidente del Gobierno fórmulas que propicien la eficacia contra el terrorismo, dentro de los principios constitucionales.