Destitución de un general

La destitución del general Díaz Losada es sorprendente. Todos deberíamos felicitarnos -el Gobierno el primero- porque un general manifieste públicamente la disposición del Ejército a aceptar disciplinadamente cualquier decisión política que eventualmente pueda tomar el Parlamento, legítimo representante de la soberanía nacional. En cualquier país europeo estas declaraciones no serían necesarias porque la subordinación absoluta de las Fuerzas Armadas al poder civil se considera obvia y fuera de cualquier especulación. La decisión del Gobierno no se comprende si no es considerándola como un acto de debilidad frente a los sectores que más o menos veladamente siguen considerando que el Ejército sigue siendo un poder autónomo con atribuciones para decir la última palabra en determinadas situaciones.Al redactar la Constitución se cometió un error grave, que señaló únicamente el diputado Bandrés, al institucionalizar el papel de las Fuerzas Armadas en el título preliminar (artículo 82), dándoles así un carácter de institución fundamental, equipar ada a los partidos políticos y a otras instituciones básicas, por encima, en cierta medida, del Gobierno. Esta situación puede servir siempre de pretexto legal a una intervención si, llegado el caso, se considera que el Gobierno incumple su obligación en alguno de los casos que dicho artículo señala como obligación de las Fuerzas Armadas, como es el apartado en el que se afirma entre otras obligaciones del Ejército la de defender la integridad territorial. Las obligaciones de las Fuerzas Armadas deberían ir señaladas en el título cuarto -Del gobierno y de la Administración- igual que van las obligaciones de los cuerpos de seguridad, sobre los que se señala su dependencia del Gobierno.-