El Consejo de la Policía dispondrá de un instrumento de control sobre Interior

El borrador del reglamento del Consejo de la Policía, organismo de mediación en el que tienen cabida organizaciones sindicales, obliga a "los órganos y funcionarios de la Dirección General de la Policía a atender los requerimientos o solicitudes que les fuesen formulados por los vocales del consejo".Esta cláusula, incluida como artículo 11 del reglamento, es considerada en medios sindicales de la policía como "la más positiva" de todo el reglamento y supone un "verdadero instrumento fiscalizador de la labor del ministerio del Interior".

El proyecto de reglamento ha sido elaborado por la Dirección General de la Policía (DGP), y su discusión constituirá la primera labor del Consejo de la Policía. La aprobación definitiva compete, una vez retocado por el consejo, al ministro del Interior. El consejo está compuesto por la mitad de miembros nombrados por la Administración y por los 12 representantes elegidos en las elecciones sindicales de mayo pasado.

El borrador presentado por la DGP califica de "honoríficos" a los miembros del consejo, lo que ha sido criticado por fuentes sindicales, que entienden que la mitad de sus vocales ha sido elegida en unos comicios. El proyecto niega a los integrantes del consejo un sueldo por su labor. El borrador dice en su artículo 7 que el cargo "no da lugar a otras compensaciones económicas que las indemnizaciones que se deriven de los gastos causados para su adecuado desempeño".

La adopción de acuerdos en el consejo, según el borrador, será normalmente por "asentimiento, salvo que el presidente acuerde someterlos a votación". "El presidente deberá someter a votación los acuerdos siempre que lo soliciten dos o más consejeros". "Si se produjera empate, decidirá la cuestión el voto de calidad del presidente", añade el reglamento. La presidencia del consejo la ocupa José Barrionuevo, ministro del Interior, o la persona en quien delegue éste. La mitad del consejo ha sido nombrada igualmente por el ministro.

Por otro lado, la DGP ha elaborado un proyecto de real decreto sobre formación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

En él se señala que "para ¡mpartir las enseñanzas y cursos de formación y perfeccionamiento se promoverá la colaboración institucional de las universidades, el Poder Judicial, el ministerio fiscal y las Fuerzas Armadas".