Retroceso en Centroamérica

LAS PERSPECTIVAS de un proceso de estabilidad y paz en América Central han sufrido un nuevo retroceso. El aplazamiento de la reunión de los presidentes de esa región, prevista para el 25 de este mes, por el hecho mismo de que no ha sido concertado entre los participantes supone una grave amenaza para el plan Arias, que tiende a garantizar, en el marco de los obje tivos del Grupo de Contadora, la democratización y seguridad de los países centroamericanos. Ese aplazamiento causa preocupación en Europa, y de un modo particular en España. El pasado mes de mayo, el presidente costarricense, Oscar Arias, visitó nuestro país y obtuvo, tanto en palabras del Rey como del jefe del Gobierno, un apoyo resuelto para su plan, y la posición española ayudó a que recibiese un claro respaldo en otras capitales europeas.Es ilustrativa la trayectoria de dicho plan, surgido de una iniciativa del presidente de Costa Rica. En febrero obtuvo la aprobación, en sus términos generales, de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. A la vez, los cuatro presidentes decidieron que era ineludible discutirlo con el presidente de Nicaragua, y a tal fin fue convocada la reunión de junio ahora aplazada. A pesar de que fue convocado para discutir un plan previamente aprobado por los otros presidentes, Daniel Ortega decidió asistir y emitió opiniones más bien favorables a los resultados que podría aportar el plan Arias.

Ahora el aplazamiento ha sido pedido por los presidentes de El Salvador y de Honduras y aceptado a regañadientes por los de Guatemala y Costa Rica. Pero el fondo de la cuestión es que EE UU puso el filo al plan Arias desde el momento en que apareció que no serviría para marginar al Gobierno sandinista de las negociaciones sobre Centroamérica. El delegado especial del presidente Reagan, Philip Habib, ha realizado una gira por las cuatro capitales centroamericanas -excluyendo Managua- en los días que precedieron a la iniciativa de aplazamiento de los presidentes de El Salvador y de Honduras. No puede ser algo casual: decir que estos dos países, por su dependencia económica, están obligados a someterse a las presiones de EE UU no es sino reconocer un hecho objetivo. La gravedad del aplazamiento reside precisamente en que su origen está en Washington. Una vez más, la política del presidente Reagan ha tirado atrás una iniciativa enfocada a buscar caminos de conciliación y paz en la crisis centroamericana.

El problema de fondo es que en esta cuestión chocan dos concepciones radicalmente distintas. Por eso cada vez que parecen concretarse pasos hacia una solución negociada surge algo que vuelve a poner todo en entredicho. La concepción latinoamericana, que se ha plasmado en torno al Grupo de Contadora, considera que la crisis debe resolverse en un marco regional. Las medidas de seguridad, para controlar las fronteras, suprimir las bases y consejeros extranjeros, disminuir los armamentos, deben combinarse con una democratización progresiva que garantice la pluralidad democrática y el respeto de las libertades y derechos humanos. En este marco, el plan Arias da prioridad a este segundo aspecto, lo que colocaría sin duda a los sandinistas ante compromisos más difíciles para ellos. Por ello, la aceptación de principio de Managua no fue fácil. Pero la concepción del presidente Reagan parte de otra premisa: hace de Nicaragua una pieza del conflicto planetario entre Este y Oeste. Su objetivo es acabar con el Gobierno sandinista, y para ello ha creado y armado a la contra. Pero la contra, aunque recoja a diversos sectores descontentos, es algo artificial, creación de la CIA, y es sintomático que de ella se hayan separado las figuras que, como Edén Pastora o Arturo Cruz, gozaban de cierta resonancia.

España y la CE han apoyado al Grupo de Contadora, y últimamente al plan Arias. No es imposible que éste se pueda salvar. La reacción de Daniel Ortega, rechazando cualquier aplazamiento, es una forma de protesta, pero el interés de Nicaragua es no ausentarse de las negociaciones. No obstante, el horizonte seguirá cerrado sin cambios en la política de EEUU.