El Gobierno surcoreano advierte que tomará medidas extremas si prosiguen las manifestaciones

"Dada la situación actual de violencia que destruye la ley y el orden (...), el objetivo de un verdadero desarrollo democrático, deseado por todos, no se puede alcanzar", comentó anoche, el primer ministro surcoreano, Lee Han Key, que advirtió que tomará "medidas extraordinarias" si continúa deteriorándose el orden público. Horas después de estas palabras, un policía surcoreano moría ayer cuando manifestantes antigubernamentales cargaron con un autobús contra filas de las fuerzas de seguridad, informó la radio local. Es la primera muerte que se produce en los 10 días de violentas manifestaciones populares para pedir la dimisión del presidente y ex general Chun Doo, Hwan y la convocatoria de elecciones libres y democráticas.

Lee, que lanzó un llamamiento a la nación "para que coopere de manera positiva, con sabiduría y moderación, por el bien de la felicidad familiar, de la estabilidad social y de la prosperidad nacional", hizo sus advertencias en un discurso televisado al término de un Consejo de Ministros. "El Gobierno está firmemente decidido a resolver todos los problemas a través del diálogo y del compromiso", dijo Lee, "pero si, a pesar de esto, se nos hace imposible restablecer la ley y el orden, el Gobierno deberá tomar inevitablemente medidas extraordinarias".El Gobierno surcoreano se encuentra ante la alternativa de avanzar hacia una apertura democrática, como pide la oposición, o de tomar medidas duras, como la posible aplicación de la ley marcial, para controlar un inc,virniento nacional de protesta que ha movilizado a decenas de miles de ciudadanos en las 10 principales ciudades del país, desbordando en muchos casos, como en Seúl y en Pusan, a los efectivos de los 120.000 policías movilizados bajo el estado de máxirna alerta.

Los diarios surcoreanos apuntaban ayer hacia una alternativa que incluya la posibilidad de una participación militar en el control del orden público, que podría ir hasta decretar temporalmente la aplicación de la ley marcial, de larga tradición en un país históricamente gobernado por militares. La última vez que licó la ley marcial fue el 27 se de octubre de 1979, tras el asesinato del presidente y ex general Park Chung Hee. Fue el actual presidente, Chun Doo Hwan, que también accedió al poder tras un golpe militar, quien levantó la ley marcial el 24 de enero de 1981.

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, envió ayer una carta personal a Chun pidiándole que mantenga la calma ante las manifestaciones y que reanude las conversaciones con la oposición política para acelerar la, transición democrática, según el diario norteamericano The New York Times. En una línea similar se pronunció en Singapur el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, que está realizando una gira asiática. En Washington, un grupo de cinco senadores, entre los que figura el demócrata Edward Kennedy, han pedido la aplicación de sanciones comerciales para forzar al Gobierno surcoreano a una democratización del sistema.

Controlar las manifestaciones

La escalada de temores de que no lleguen a celebrarse en Seúl los Juegos Olímpicos de Verano en 1988 es un factor que frena la adopción de medidas drásticas contra las protestas populares surcoreanas.

El interrogante actual radica en determinar hasta qué punto el Gobierno podrá controlar las manifestaciones populares, consideradas como las más importantes en la historia de Corea del Sur, después de los disturbios ocurridos en la jornada del pasado jueves en 247 puntos del país, a lo largo de 10 grandes ciudades y con movilización de unas 80.000 personas, según fuentes policiales.

Estas cifras son desmentidas por otras fuentes, que consideran que, sólo en la ciudad de Pusan, los manifestantes superaban los 80.000, mientras que en Seúl, decenas de miles de personas, estudiantes en particular, bloquearon el centro de la ciudad, destruyendo 21 casetas de la policía, cuyos efectivos llegaron a perder el control de la situación, sobre todo en los alrededores de la estación central de Seúl, donde los manifestantes lograron desarmar a los agentes.

La policía cifró el número de heridos en 621, y practicó 1.032 detenciones, como resultado de una jornada nacional de protesta en la que cundió el uso de gases lacrimógenos, frente a gritos de "abajo la dictadura de los militares" y "elecciones libres".

Horas después del discurso de Lee, la radio estatal informaba que un autobús de manifestantes se lanzó en Taejon contra una fila de policías y arrolló a cuatro agentes, uno de los cuales murió posteriormente.

"No queremos la violencia y estamos dispuestos al diálogo", afirmó Kim Young Sam, el copresidente del Partido pala la Reunificación Democrática (PRD), principal fuerza política de la oposición. Se mostró favorable al diálogo con el Gobierno, siempre y cuando se cumpla la condición previa de liberar a todos los prisioneros políticos, levantar el arresto domiciliario a Kim Dae Jung, el otro presidente del PRD, y reanudar el diálogo para la reforma constitucional, como paso previo a la elección directa del presidente, en febrero de 1988.