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Los empresarios acuíferos de Canarias se niegan a acatar la ley de Aguas

La Asociación de Empresarios de Actividades Hidráulicas de Gran Canaria y la Cámara Insular de Agua de Tenerife preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica ley de Aguas, aprobada por el Parlamento canario en el último tramo de la legislatura socialista.El texto legal, nacido de una necesidad de regular la propiedad y la explotación acuífera, detentada tradicionalmente por una oligarquía económica (conocida popularmente como los aguamangantes o aguatenientes), ha sido cuestionado por algunos sectores, entre los que se encuentran las citadas asociaciones empresariales, que han manifestado su negativa a inscribirse en el registro previsto por la ley.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios de Actividades Hidráulicas (que aglutina a unos 300 acuíferos) expresó recientemente su deseo de que se reconsidere de inmediato el texto de la ley. Para los propietarios, la declaración del bien del agua como de dominio público supone una forma encubierta de expropiación forzosa o nacionalización.

Asimismo, dos de las fuerzas políticas más votadas en los últimos comicios, CDS y ATI, han criticado la ley, y entre sus acciones más inmediatas, en caso de alcanzar la presidencia del Gobierno canario, pendiente de pactos, se encuentra la de derogar el mencionado texto legal, ratificado en el Parlamento canario por las fuerzas del llamado Pacto del Progreso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de junio de 1987