La CE estudia enviar a España una advertencia de caracter jurídico sobre el monopolio de petróleos

La Comisión Europea ha iniciado los trámites formales para la redacción de una carta al Gobierno español, denominada mise en demeure (puesta en mora), por el supuesto incumplimiento de la normativa de libre competencia contemplada en el Tratado de Roma en relación al monopolio español de petróleos. De materializarse esta comunicación, que la Comisión tiene previsto ultimar antes del mes de julio, se habría abierto el camino legal para que la Comisión Europea llevara la cuestión del monopolio petrolero español a los tribunales comunitarios. El Gobierno "conifía" según manifestaron ayer fuentes solventes, en alcanzar antes un acuerdo.

El pasado día 9, los jefes de gabinete de los comisarios europeos estudiaron la ficha de infracción que el director general de la Competencia, el francés Cadieu, había elevado días antes al comisario de Competencia, Peter Sutherland, por el supuesto incumplimiento por el Gobierno español de sus compromisos para desmonopolizar el sistema Campsa. Según fuentes solventes, en el orden del día de la reunión plenaria, al día siguiente, de los comisarios fue incluida la cuestión, si bien su análisis a fondo fue aplazado para otra reunión ante la ausencia en la misma de los comisarios españoles, que se habían desplazado a España con motivo de las elecciones.El envío al Gobierno español de una mise en demeure por parte de la Comisión, que fuentes jurídicas comunitarias estiman que se producirá en el mes de julio, supone de hecho que la Comisión Europea ha decidido abrazar la vía jurídica prevista en el artículo 169 del Tratado de Roma para forzar al Gobierno español a modificar la actual estructura del monopolio de petróleos. Descarta, por tanto, que la Comisión se limite a realizar una mera recomendación a España al amparo del artículo 48 del Tratado de Adhesión y confirma, por lo tanto, que Bruselas está dispuesta a llegar a los tribunales comunitarios para hacer valer su posición.

Los puntos contemplados en la mise en demeure, según fuentes comunitarias, se refieren a los que ya figuran en la ficha de infración: libre e inmediato acceso de las multinacionales europeas a los grandes consumidores energéticos (térmicas, cementeras, siderúrgicas, etcétera); reglamentación inmediata de la venta al por menor de carburantes; reparto menos discriminatorio de los cupos de importación pactados hasta 1992, y compromisos firmes de regulación de un nuevo sistema de precios más acorde a las normas comunitarias.

Aviso motivado

La carta comunitaria, en cualquier caso, es previa todavía a la última baza de presión que tiene la Comisión Europea en sus manos. Se trata del avis motivé (advertencia motivada), en la que la CE emplaza, en tiempo y formas, a un país miembro a cumplir la normativa a riesgo de hacer valer sus argumentos ante los tribunales. El plazo que media entre una comunicación y otra suele ser bastante extenso -a veces, dos años para posibilitar previamente un acuerdo con el país miembro denunciado.La inclusión por los jefes de gabinete de los comisarios (especie de comisión de subsecretarios, previa a un Consejo de Ministros español) de la cuestión del monopolio español, ha producido cierto nerviosismo en medios oficiales y energéticos españoles. Tan sólo el pasado viernes, día 5, una delegación española, viajó a Bruselas para ultimar algunos detalles en el continuo proceso de negociación. Allí, la delegación hispana prometió tratar de resolver uno de los problemas más acuciantes: la distribución más equitativa de los cupos de importación entre los operadores extranjeros y españoles.

En los otros problemas, sin embargo, fuentes gubernamentales españolas resaltan la dificultad de llegar a un acuerdo ya que "se trata de interpretaciones jurídicas opuestas: ellos creen que violamos el Tratado y nosotros, no; la única vía abierta para dirimir una diferencia de este tipo está en los tribunales", expresó una fuente habitual.

Fuentes del sector energético, sin embargo, ofrecen una explicación de carácter estratégico al punto muerto en el que parece han caído las negociaciones sobre el monopolio petrolero. El Gobierno español se niega a modificar, dentro del proyecto de reglamento de venta al por menor (más conocido como estatuto del gasolinero) del régimen de distancias establecido actualmente en la instalación de nuevas gasolineras. Tal modificación -fundamentalmente, la reducción de los 500 metros mínimos para construir nuevos puntos de venta- plantearía problemas jurídicos y posibles contenciosos económicos con los actuales gasolineros españoles, que se rigen por concesiones administrativas a largo plazo.

La modificación legal del régimen de distancias supondría, de hecho, un cambio en la concesión administrativa y el Gobierno español parece interpretar que sólo una normativa de carácter comunitario eliminaría la posibilidad real de estos contenciosos. Dicho en otras palabras, es posible que el Gobierno español haya aceptado la actuación por la vía jurídica de la CE, a fin de dirimir rápidamente la cuestión de los gasolineros.