Los maestros de las escuelas de patronato recurrirán contra su discriminación salarial

Los maestros que ejercen en las antíguas escuelas de patronato, a quienes la Administración no ha aplicado los nuevos incrementos salariales, se proponen recurrir colectivamente contra esta discriminación, tras las primeras e infructuosas conversaciones mantenidas con las autoridades ministeriales.

Los profesores afectados por esta discriminación salarial ejercen en centros de iniciativa privada, dependientes de patronatos constituídos por entidades de carácter paraestatal en la mayor parte de los casos. Todos estos centros, conocidos en la jerga de los profesionales de la enseñanza como "escuelas de patronato", constituían una red escolar semipública extendida por todo el territorio estatal hasta que en 1972 se convirtieron en centros privados subvencionados.Los profesores estatales eran destinados a sus plazas por la dirección provincial ministerial correspondiente, a propuesta del patronato rector. Para ello tenían que cumplir con determinados requisitos, entre ellos el de haber superado el concurso oposición para poblaciones de más de 10.000 habitantes, ya que la mayor parte de esas escuelas se encuentran en núcleos urbanos.

La Administración declaró "a extinguir" todas las plazas de los profesores estatales y, posteriormente, en aplicación de la ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), otorgó a las escuelas el carácter de centros concertados. Muchos de los profesores de la primera época se jubilaron y otros abandonaron sus puestos para reintegrarse a plazas de la red pública ordinaria a través del mecanismo regular de los concursos de traslados. Otros, en cambio, permanecieron en sus puestos por sentirse especialmente identificados con las especiales características pedagógicas y sociales de sus centros, casi siempre vinculados a entidades o fundaciones de carácter benéfico social.

Situación ambigua

En otros casos, en fin, las escuelas desaparecieron porque los patronatos se extinguieron o sus rectores consideraron que la nueva situación los colocaba en una posición administrativa muy ambigua. Junto a profesores funcionarios, a los que pagaba el Estado, convivían los contratados directamente por el centro, que había de sufragar sus salarios con la partida correspondiente de la subvención estatal. Esta circunstancia obligaba al centro a cobrar cuotas a las familias hasta que éstas se suprimieron a partir de los conciertos.En esta situación se han mantenido las cosas hasta ahora mismo, y mientras no se hace realidad la prometida homologación salarial de los profesores de los centros subvencionados con los del Estado, en estas escuelas se plasma la diferencia salarial de manera mucho más clara, ya que los profesores estatales y los contratados trabajan juntos.

Como consecuencia del acuerdo firmado entre los sindicatos y el Ministerio (cuando en el invierno pasado se frustró una vez más el intento de articular el nuevo Estatuto del Profesorado), la Administración ha revisado las retribuciones salariales de sus profesores, acercándolas a la reivindicada y también largamente prometida homologación con las de los funcionarios no docentes. Pero a los profesores de los antiguas escuelas de patronato, inexplicablemente, no les ha aplicado esas nuevas retribuciones, lo que produce una nueva discriminación, esta vez entre profesores de una misma categoría y cuerpo.

Unos 200 profesores en la provincia de Madrid y 2.000 en el territorio escolar gestionado directamente por la Admnistración central pueden estar afectados por esta situación.