Por una sociedad sin dependencía

La legalización de la droga no es una panacea para el grave problema social que hoy representa el constante crecimiento de su consumo. El autor de este artículo defiende un cambio de mentalidad en los poderes públicos al respecto, lo que supone la renuncia a meras operaciones de imagen como la operación Primavera.

El compromiso de la izquierda en la lucha contra el tráfico y difusión de las drogas se remonta a principios de siglo, cuando los sindicatos de clase combatían el alcoholismo entre los trabajadores, ante una demanda creciente provocada por Ias durísimas condiciones de explotación, que incluían el pago de horas extras con litros de alcohol.Desde los sesenta hemos asistido en la periferia de las sociedades capitalistas a una transición del modelo tradicional en el uso de drogas a un modelo nuevo, de carácter consumista. De la contracultura sólo queda nostalgia, como del antifranquismo el testimonio; de un uso consciente y rupturista hemos pasado a la integración o la marginación. Además, la actividad de la criminalidad organizada se ha desarrollado durante este proceso, constituyendo un peligroso contrapoder al sistema democrático.

Sin embargo, quizá no hemos comprendido suficientemente las consecuencias de este cambio sustancial, cuando desde posiciones progresistas se reivindica, en la actualidad, la legalización de los derivados del cannabis o de todas las drogas. Por el contrario, en mi opinión, una estrategia moderna y revolucionaria debe enfocarse al desmantalamiento de los valores y estructuras que han convertido a las drogas en una necesidad consumista para ir tirando o de marcha.

Empezando por un control efectivo de las drogas legales, alcohol y tabaco, principales causas de mortalidad y morbilidad, y que, en el caso del alcohol, representa el primer eslabón para el consumo del resto de las drogas, aunque la hipocresía de los poderes públicos permite a las multinacionales del alcohol financiar la Vuelta Ciclista o equipos de baloncesto, mientras el Estatuto de los Trabajadores considera el alcoholismo como causa de despido.

Alcoholemia

La indiferencia social ante el enorme grado de alcoholemia de nuestra sociedad se fundamenta en una supuesta tradición de nuestro pueblo que investigaciones recientes han demostrado como falsa; por el contrario, la masiva intoxicación etílica del Estado español, hace un siglo, hasta entonces el más abstemio de Europa, se debió a factores socioculturales, incluso de índole internacional.

Como también, en la actualidad, se da una relación causal entre la estructura político-económica internacional, la estructura del mercado de las drogas y el tipo de complejo cultural hegemónico en el uso de drogas, cuando observamos la exportación del alcohol y otras drogas sintéticas a los pueblos del Tercer Mundo después de obsequiarles con la deuda externa y los conflictos bélicos.

Y con las drogas ilegales, ¿qué hacer? Durante la transición, las Juventudes Comunistas (UJCE) reclamamos la legalización del porro frente al mito de la droga y no renunciamos a la legalización de todas las drogas, pero en el contexto de una sociedad sin dependencia, esto es, en primer lugar, informada con veracidad.

El derecho a la libre utilización del cuerpo y de la mente no justifica la legalización cuando nos referimos a un fenómeno anulador de la capacidad de ser libre, como es la drogodependencia; aunque esta sociedad sea tan cínica de tener drogas legales con mayor nivel de dependencia que alguna de las mantenidas ilegalmente, fundamentalmente porque su comercio legal reportaría escasos beneficios.

Usar drogas no implica un riesgo, sino una conducta, que puede conllevar un peligro por la intervención de una serie de variables económicas, culturales, etcétera. Sin embargo, cuando se reclama la legalización no se hace para modificar esas variables, sino para mantenerlas, o para evitar el peligro de la delincuencia asociada a las drogas, pero no del daño ocasionado a la salud.

Delincuencia desesperada

¿Cuándo nos escandalizará que el volumen de beneficios obtenidos por las compañías privadas de seguridad triplican los daños ocasionados por esta delincuencia desesperada? Invirtiendo los recursos viviríamos más seguros y más libres.

Se defiende la legalización porque con ello mejoraría la calidad de la droga, evitando los daños ocasionados por la adulteración, pero esto, lejos de reducir el consumo, lo elevaría, en contradicción con una política de promoción de la salud; pero sobre todo se argumenta a su favor porque reduciría la delincuencia originada por el consumo y la gran delincuencia de su comercio ilegal, pero, en mi opinión, ambos presupuestos son falsos.

El suministro de metadona, ya experimentado en nuestro país, no sólo ha mantenido la adicción a la heroína de sus consumidores, sino que además ha añadido una sustancia más a su polidrogodependencia; por otro lado, no han reducido sus actos delictivos, aunque sí han aparecido unos nuevos delincuentes, aquellos médicos sin escrúpulos, que con las recetas de metadona han hecho un negocio rentable.

Liberalizar el consumo de drogas no es una política de liberación de los jóvenes. Podemos ganar la batalla de la legalización, pero perderíamos la guerra por plegarnos ante el poder de la criminalidad organizada, y por renunciar a modificar los factores que han hecho del consumo de drogas el único camino de evasión ante la falta de oportunidades para los jóvenes. Es esta lucha por cambiar las condiciones de vida en los barrios la que nos permitirá después racionalizar el uso de drogas en nuestra sociedad.

Los Estados, hasta ahora, han gastado cientos de millones para cuantificar el fenómeno, censarlo e inventariarlo, para luchar contra los drogados y perseguir a los drogodependientes, como en el lamentable espectáculo de la operación Primavera.

¿Cuándo comprenderemos que no se trata de luchar contra quienes han renunciado a combatir? Por el contrario, se trata de proponerles un combate al que puedan adherirse, para vivir libres.