Desorden terrenal

La planificación urbanística en España está en una transición inacabada. La política sobre el suelo y los equipamientos sociales han sido el eje de las campañas de las últimas elecciones municipales y el testigo de los movimientos ciudadanos, pero todavía una parte importante de España, formada por buen número de pueblos de ese desierto urbano que forman las dos Castillas, Aragón y Galicia, carece de cualquier tipo de normas sobre dónde y cómo edificar.

En los últimos 10 años se han realizado sustanciales avances, de forma que los municipios que cuentan con un plan general de urbanismo y, en su ausencia, con normas subsidiarias o ese mínimo que es la delimitación del suelo urbanizable han pasado del 31,6% del total al 54,7%. En relación a la población el salto es más significativo y se ha pasado de un 82,3% de los habitantes urbanizados al 92,1 %, lo que demuestra a la vez que son los municipios pequeños los sacrificados a la dotación de infraestructuras, zonas verdes y equipamientos sociales. Urbanizar es caro.España tiene 7.982 municipios, de los que sólo 107 tienen más de 50.000 habitantes, según los datos del censo de 1981. De esta dispersión poblacional, que se enfrenta a la eficacia y a la economía de la actividad planificadora en materia urbanística, es muestra extrema Castilla y León. Esta comunidad autónoma tiene 2.233 municipios. De ellos, 2. 100 tienen menos de 2.000 habitantes y sólo cuatro más de 100.000.

Los datos, extraídos del inventario elaborado por el Instituto del Territorio y Urbanismo (Intur), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, tienen también traducción política: los municipios de izquierda han sido sensiblemente más activos a la hora de proceder a elaborar planes o normas de ordenamiento urbano. A nivel autonómico, los ejemplos destacables son Extremadura y Andalucía. Entre las grandes poblaciones, las que están en peor situación son Bilbao, San Sebastián, Lugo, Palencia, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Soria, ciudad esta última que tiene un plan que data de 1961.

Pero ¿para qué sirve la planificación urbanística? No proporciona directamente servicios, sino las bases para que pueda haberlos. Es el instrumento para conocer las deficiencias y fijar las prioridades de actuación; para establecer las necesidades de infraestructura y delimitar los espacios para viviendas e instalaciones industriales, y, acaso lo más importante, para determinar los equipamientos con que deben contar esas agrupaciones poblacionales, los espacios libres y las zonas verdes a que tienen derecho sus habitantes. Constituye, pues, la antesala de un potencial desarrollo.

La ley del Suelo

En España la ley del Suelo data de 1956, aunque el texto fue revisado en 1976. Aunque se trata de una normativa nacida en la dictadura, son numerosos los urbanistas, entre ellos el actual director general del Intur, Juan Ignacio de Zumárraga, que defienden su carácter progresista, porque "introdujo el principio de la función social de la propiedad, muy alejado de la concepción individualista del Derecho Romano, tan arraigada en nuestro país".De una forma simplificada, puesto que las características de las agrupaciones de viviendas hacen variar los índices mínimos, la ley y el reglamento que la desarrolla establecen un rescate gratuito de plusvalías sobre el 10% del suelo urbanizable o 18 metros cuadrados por vivienda, según cuál de los dos baremos resulte más beneficioso, como reserva para servicios sociales. El tope máximo es de 75 viviendas por hectárea y cada ciudadano tiene derecho al menos a cinco metros cuadrados de zona verde.

De acuerdo al tamaño de las zonas urbanizadas, las dotaciones abarcan a terrenos para ubicar centros de enseñanza preescolar, EGB, BUP o estudios universitarios; ambulatorios, hospitales y centros de salud, e infraestructuras de transporte, agua, saneamiento y electricidad. La ley, sin embargo, no plantea específicamente el teléfono. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está negociando con Telefónica la puesta en marcha de un convenio, al estilo del que ya existe en Navarra, donde la comunidad autónoma subvenciona su instalación en los núcleos de más de 50 habitantes para que resulte al mismo precio que en la capital.

Pero la geografía de la ley tiene zonas de papel mojado: la obligación mínima de que al menos todos los municipios tengan delimitado lo que es suelo urbano es todavía hoy un objetivo para casi la mitad de los municipios. De igual manera, las normas urbanísticas provocan una frontera entre el antes y el después del cómo ha de urbanizarse, y los antiguos núcleos urbanos se enfrentan a una labor de rescate imposible para conquistar esos índices de habitabilidad, salubridad y condiciones de vivienda.