Crímenes callejeros
LA MUERTE en la calle a manos de delincuentes que asaltan al transeúnte de noche, y en ocasiones a pleno día, se está convirtiendo en una pesadilla para el habitante de las grandes ciudades españolas. En Madrid, al menos cinco personas han perdido la vida en los dos últimos meses acuchilladas por motivos aparentemente nimios, y la media nacional alcanza ya los tres homicidios diarios por esta causa. Se trata de una clase de violencia que aúna su virulencia a su gratuidad. Se hiere o se mata sin correlación alguna con el objetivo o la finalidad que se persigue. Y aunque estaforma de! delincuencia no es nueva, su intensidad la hace ya dificilmente soportable y se asocia masivamente a los intentos de robo por parte de jóvenes enganchados en la heroina y sin recursos económicos para pagarla. En 15185 se contabilizaron en nuestro país cerca de 160.000 robos con violencia en las personas; es decir, 433 diarios.España registra índices de criminalidad inferiores a los de países europeos con parecido desarrollo económico-social y cultural. Sin embargo, el crecimiento de los últimos 10 años (279.847 asuntos delictivos llegaron a los tribunales en 1975 y 1.303.286 10 años después) ha sido espectacular y en términos reales, contando con que muchos casos no se denuncian y otros denunciados no son investigados policialmente, superiores a estas cifras.
En comparación con países europeos semejantes, España se encuentra a la cabeza de los dos factores criminógenos de más impacto actual: el paro juvenil y el consumo de drogas. Los datos judiciales no sirven para reflejar la extensión del consumo de drogas duras, pero si en 1972 los procesos incoados por tráfico ilegal de drogas fueron 1.350, en 1985 alcanzaron los 111.426. La aparición de una juventud sometida a un estado de angustia y desesperación ante la insalvable dificultad del primer empleo y el síndrome de abstinencia del drogodependiente explican en gran medida la proliferación en las calles de delincuentes que utilizan la violencia casi como un fin en sí misma.
Pero estos factores no explican por sí mismos la amenaza que se cierne sobre los habitantes de muchas grandes ciudades españolas que comienzan a convertirse en un territorio donde parece reinar la impunidad para buena parte de los hechos delictivos, tanto por la ineficacia policial -muchas veces justificada por la complicidad de mafias policiales con los propios delincuentes- como por el deplorable funcionamiento del aparato legal-represivo del Estado.
Quienes intencionadamente o por ignorancia asimilan democracia a delincuencia, o buscan la confusión o caen en un craso error. Pero es obvio que una dernocracia, precisamente por articular un sistema de libertades y de garantías procesales, necesita mucho más que las dictaduras un aparato judicial suficiente y desarrollado y una policía profesionalmente capacitada para luchar con éxito contra la delincuencia. En España, el aparato judicial, con efectivos no muy superiores a los de los años sesenta, sigue anquilosado e impotente ante el actual flujo delictivo. Y la policía, que dispone cuantitativamente de efectivos bastantes, los dilapida en una maraña burocrática y es víctima de la peor política de orden público que ha tenido este país en muchas décadas, sostenida tozudamente por el Gobierno socialista.
Sin planes preventivos que incidan en el paro juvenil y la droga, con un aparato judicial sobrepasado y una policía mal dirigida, políticamente cruzada de corrupción a un lado y de criterios militaristas al otro, el problema de la inseguridad ciudadana puede convertirse en un azote incoherente con los propósitos en los que se asienta un Estado civilizado.
