Algunos 'ultras' italianos se interesan por su expulsión con contactos policiales

Algunos de los ultraderechistas italianos cuya expulsión de España ha sido ordenada recientemente por el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, se comunicaron ayer personal y telefónicamente con algunos de sus contactos de la policía para interesarse por la medida adoptada por el Gobierno (véase EL PAÍS de ayer), según ha podido saberse de fuentes de los servicios de información.La Secretaría de Estado para la Seguridad ordenó a los responsables de la Policía y la Guardia Civil que los citados ciudadanos italianos fueran expulsados de España por la vía de urgencia, aunque la mayoría de ellos no han recibido todavía comunicación alguna de las autoridades cinco días después de que la orden fuera firmada por Rafael Vera.

Fuentes policiales informaron que a lo largo del fin de semana los súbditos italianos serían detenidos para expulsarles por la vía de urgencia o se les comunicaría la orden de expulsión para que abandonaran nuestro país en un plazo máximo de quince días.

Al cierre de esta edición se desconocía si algunos de los ultraderechistas había sido detenido por los servicios españoles o le había sido comunicada la orden de expulsión. Tres de los supuestos ultras -Salvatore Secreto, Alexandro Stella y Mauricio Falessi- pertenecieron en realidad a grupos de extrema izquierda, en contra de la información oficial, y fueron reclamados por la justicia de su país. La Audiencia Nacional denegó también entonces su extradición.

Salvatore Secreto afirmó ayer a este periódico que tiene pendiente un recurso de súplica ante el Consejo de Ministros para que se le conceda el asilo político. El súbdito italiano asegura que lleva viviendo desde hace años en un pueblo de Murcia, a cincuenta metros del cuartel de la Guardia Civil, donde todo el mundo le conoce y trabaja honradamente.

Salvatore Secreto manifestó que no había recibido hasta el momento comunicación alguna de la Guardia Civil y calificó de "ilegal" esta medida tomada para complacer al Gobierno italiano, cuando "yo llevo siete años esperando a que mi juicio se celebre en mi país".