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La Inquisición frente al SIDA

LA POSICIÓN del presidente Reagan, a favor de los tests obligatorios para detectar a los portadores del virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), representa un importante apoyo a las autoridades políticas y sanitarias de otros países que propugnan el tratamiento de esta epidemia mediante la adopción de medidas de carácter coercitivo. Pero también un ejemplo notable de los métodos inquisitoriales que sugieren algunos gobernantes para luchar contra lo que se ha dado en calificar como "la peste del siglo XX".Desde que en julio de 1981 fuese detectado el virus del SIDA por el Observatorio de Enfermedades Infecciosas de Atlanta (Estados Unidos), la progresión de la enfermedad ha sido de tal magnitud que los líderes de los siete grandes países industriales han decidido incluir el tema en el orden del día de la reunión que mantendrán el próximo lunes en Venecia (Italia). A finales de 1981, en Estados Unidos no llegaba todavía a 300 el número de afectados por el SIDA; hoy alcanzan los 36.000. Parecida progresión se ha producido en otros países, como Francia, con 1.632 casos en la actualidad; la República Federal de Alemania, con 1.000, o España, con 357. Sin embargo, en los últimos meses se ha detectado una disminución en la progresión. del contagio.

Mientras la expansión de la enfermedad no se controle -y esto va a ser muy difícil en tanto no se descubra la vacuna adecuada- crecerá la tentación de recurrir a medidas drásticas por parte de los responsables políticos y sanitarios de los países industrializados más afectados. Medidas como las propuestas ahora por Reagan, es decir, pruebas obligatorias a los reclusos, a las parejas que van a casarse o a los inmigrantes, ya han sido intentadas en algunas naciones europeas, aunque, por el momento, las autoridades comunitarias han logrado echarlas para atrás. Muy principalmente, las instituciones de la CE se han opuesto al cierre de las fronteras a los sospechosos de padecer el SIDA o de ser portadores del virus de esta, enfermedad.

En todo caso, el SIDA va convertirse en un tema electoral en manos, sobre todo, de los grupos políticos más reaccionarios, como ocurre en Francia con el líder de la extrema derecha Le Pen o en la República Federal de Alemania con el socialcristiano Strauss. Le Pen ha llegado a propugnar la creación de unos centros especializados donde serían recluidos los efectados por el SIDA en una especie de remedo agravado de la cuarentena a que eran sometidos los apestados en la Edad Media. Si se tiene en cuenta que la enfermedad está especialmente extendida en el África negra y que los remedios contra ella en dicho continente apenas han sido aplicados, es fácil comprender además las connotaciones de racismo que los controles anti SIDA sugieren. Lo mismo que las connotaciones de puritanismo y de represión sexual de la población.

La población mundial ha alcanzado los 5.000 millones de personas, las. concentraciones humanas se han nucleado en torno a las grandes ciudades, la movilidad de la población es un hecho económico y social que no se puede soslayar y, al mismo tiempo, los avances científicos y tecnológicos en general, y los de la biología y la medicina en particular, han llegado a un nivel desconocido hasta ahora.

Recurrir a métodos medievales en circunstancias tan distintas revela, además de impotencia, un grave desconocimiento, no sólo de las posibilidades de la ciencia moderna, sino de la forma de vida de las sociedades actuales. Quienes están a favor de medidas restrictivas, como es la imposición de pruebas de detección obligatorias a la población o a determinados grupos, deben reflexionar sobre sus consecuencias en un mundo de comunicaciones, de intercambios de todo tipo y de migraciones generalizadas. Dejando al lado los aspectos morales que plantean o su alto coste económico.

Frente al SIDA, las sociedades democráticas dignas de ese nombre no tienen otra salida que la de la responsabilidad y la información: que los ciudadanos conozcan los riesgos de la enfermedad y los medios que existen para librarse de ella. Por eso es tanto más ridícula la decisión de la Comisión de Consulta y Vigilancia de Televisión Española de prohibir un anuncio de condones porque era de mal gusto y atentaba al decoro social. Nadie ha investido, que sepamos, a esos autoritarios miembros de la citada comisión con la responsabilidad de determinar lo que es bueno o malo para el gusto de los españoles. En cuánto al decoro social, la cosa es de carcajada. Lo que la comisión ha hecho es simple y llanamente ejercer la censura porque le petaba: una actitud ilegal, anticonstitucional y, además, ridícula. Pero también oscurantista. ¡Y luego dicen que la televisión es un servicio público!

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 04 de junio de 1987.

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