Jueces de Barcelona critican la nueva política funcionarial del ministerio
La junta de jueces civiles de Barcelona acordó, tras una reunión celebrada el pasado miércoles, expresar su "profunda preocupación y descontento" por las consecuencias de la nueva política funcionarial del Ministerio de Justicia, que supondrá un éxodo masivo de funcionarios de sus juzgados a los laborales y penales por las diferencias retributivas existentes.Hasta la nueva equiparación laboral realizada por el ministerio, los funcionarios de la jurisdicción civil no podían acceder a las magistraturas de trabajo. El levantamiento de la prohibición ha producido, según los magistrados, una avalancha de solicitudes de traslado. Según fuentes del Juzgado Decano de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona, un funcionario del nivel inferior cobra 25.000 pesetas más en la Magistratura de Trabajo. Estas diferencias se amplían hasta las 50.000 y las 60.000 pesetas en el nivel superior.
Según la junta de jueces civiles, la nueva política del ministerio producirá inexorablemente, en el plazo de un mes, el traslado masivo de oficiales, auxiliares y agentes de la jurisdicción civil a la laboral y lo penal, lo que comportará que muchos juzgados vean reducida sensible y traumáticamente su plantilla", situación que, además, se ve agravada por las jubilaciones anticipadas.
El comunicado de la junta añade que ello provocará un incremento de las críticas a los tribunales "hasta límites insospechados, con los consiguientes perjuicios a los justiciables, sin que, desde la política de parcheo que el Ministerio de Justicia haya previsto, poder solucionar la problemática que se presenta, dando lugar a que las culpas ajenas sean soportadas por los jueces, hecho por el cual estamos dolorosamente indignados".
La junta acordó exigir, de acuerdo con lo establecido en la ley del Poder Judicial, la adopción de medidas que conduzcan a devolver la normalidad a los juzgados civiles. Los magistrados han remitido un escrito del acuerdo al Consejo General del Poder Judicial y a la Audiencia Territorial de Barcelona.
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