El funcionamiento de la televisión privada se demorará hasta el año 1989
La televisión privada no entrará en funcionamiento en España antes de 1989, y su cobertura máxima en los años siguientes será del 70% de la población española, según un estudio técnico realizado por los expertos en telecomunicación de Radiotelevisión Española y que sirvió de base para la elaboración de una parte del proyecto de ley de televisión privada aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril. El PSOE rechazará hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados las ocho enmiendas a la totalidad de esta ley, presentadas por Minoría Catalana, Coalición Popular, Centro Democrático y Social, Partido Demócrata Popular, Izquierda Unida y varios diputados de la oposición integrados en el Grupo Mixto.
Según un estudio realizado por la dirección de la red de difusión de Radiotelevisión Española y entregado al portavoz del Gobierno, destacado autor del proyecto de ley de televisión privada, será necesaria una inversión de algo más de 6.500 millones de pesetas para instalar la veintena de transmisores y sistemas radiantes que permitirán emitir en un primer momento a las emisoras privadas. Su instalación se prolongará con toda probabilidad durante más de un año, según han coincidido en señalar diversas fuentes técnicas consultadas.Este plazo de tiempo puede dilatarse en el caso de que, como parece probable, el Gobierno decida solicitar a la industria nacional la provisión de los elementos tecnológicos de difusión de las señales televisivas para estimular el desarrollo de este sector de la producción al que se concede un valor estratégico. En todo caso, la adaptación de la red terrestre de Radiotelevisión Española se hará de forma simultánea para los tres canales nacionales que autoriza el proyecto de ley socialista.
En esta primera fase de acondicionamiento de la infraestructura de RTVE, la televisión privada llegará al 50% de la población española. El criterio predominante en el Gobierno en estos momentos es el de que el inicio de las emisiones de los canales privados se realice sobre el conjunto de esta audiencia y no de forma escalonada, empezando por Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana posponiendo el resto de las comunidades autónomas al sucesivo emplazamiento de los emisores y reemisores.
Hoy mismo comenzará la primera reunión entre representantes de la dirección general de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes, y de la dirección de la red de difusión de RTVE para comenzar a estudiar el plan técnico nacional de la televisión privada, que debe delimitar las zonas goegráficas en las que las emisoras privadas deberán realizar emisiones específicas, aparte de las de alcance nacional.
Plan técnico
Este plan técnico estará aprobado en el próximo mes de diciembre, según el ministro de Transportes, Abel Caballero, es decir, en las mismas fechas en que el proyecto de ley de la televisión privada está previsto que quede aprobado por el Parlamento.
El informe enviado por Radiotelevisión Española al portavoz del Gobierno, Javier Solana, propone diez demarcaciones geográficas, si bien la delimitación de éstas será uno de los aspectos que probablemente suscite una discusión política en los próximos meses. Fuentes gubernamentales manifestaron ayer que dichas demarcaciones comprenderán no sólo a ciudades importantes sino también a zonas rurales "a las que es necesario atender desde una perspectiva de servicio público" a la vez que agruparán áreas de escaso mercado publicitario con otras en las que éste propicia una alta rentabilidad para las empresas concesionarias de los canales de televisión.
Según los expertos en telecomunicaciones consultados por el Gobierno, es muy difícil que la televisión privada pueda ser contemplada en los próximos años por más del 70% de la población, ya que las inversiones necesarias para incrementar la audiencia de un 50% a un 59,3% -prevista para la segunda fase de adaptación de la red de RTVE propuesta por el Ente Público- supondrá ya entre 5.000 millones de pesetas y 6.000 millones de pesetas; es decir, una cifra muy próxima a la desembolsada para llegar al inicial 50% de audiencia.
La televisión privada alcanzará al 70% de la población en una tercera fase de transformación de la red que requerirá la instalación de 200 centros emisores así como reemisores, con un desembolso de más de 8.000 millones de pesetas. Los 20.000 millones que en conjunto costará la infraestructura para la emisión de los programas de la televisión privada serán financiados por los Presupuestos Generales del Estado y los de Radiotelevisión Española, según fuentes gubernamentales.
Uno de los colaboradores en la elaboración del proyecto de ley sometido hoy a debate en el Pleno del Congreso manifestó ayer que "los problemas derivados de incompatibilidades radioeléctricas obligarían a una costosísima redistribución de los centros emisores de la propia televisión pública si se quisiera aumentar ese 70% de población atendida por la televisión privada. Incluso en estos momentos existe ya un grave problema cual es el de que con la existencia de ETB2 en Euskadi ya no quedan frecuencias para que allí puedan emitir tres emisoras privadas".
Entre el 30% de los españoles que por un tiempo no podrán contemplar la programación de los canales privados se encuentra el 11% que tampoco tiene acceso en estos momentos al segundo canal de la televisión pública.
El Gobierno anuncia que no admitirá modificaciones
El Gobierno "no tiene intención de modificar las limitaciones a la posesión de capital en las emisoras privadas de televisión ya que no existe ningún dato nuevo que aconseje cambiar el criterio fijado en el proyecto de ley aprobado en abril", según manifestó ayer un miembro del Gabinete. El texto aprobado por el Consejo de Ministros limita a un 15% el capital que pueden concentrar en sus manos los socios de emisoras privadas de televisión que sean propietarios de más del 15% del capital de una empresa periodística. Esta limitación es menos restrictiva para quienes no son empresarios de medios de información general, emisoras de radiodifusión y agencias de noticias, que pueden ser titulares de hasta el 25% del capital de un canal privado de televisión.El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista no sólo rechazarán hoy todas las enmiendas presentadas por la oposición a la totalidad de su proyecto de ley de televisión privada sino que tampoco tienen el propósito de modificar la mayor parte de su contenido, aparte de sus aspectos esenciales: la autorización de tres canales, la concepción de la televisión como servicio público y el régimen de concesiones administrativas.
Los socialistas sólo se declaran dispuestos a admitir enmiendas que, a su juicio, "perfeccionen" el documento aprobado por el Consejo de Ministros. Como ejemplo citan la predisposición a admitir que el mínimo establecido de un 50% de películas comerciales producidas por la Comunidad Europea incluya también a las realizadas por países latinoamericanos.
En relación con la televisión por cable, no contemplada en el proyecto de ley de televisión privada enviado por el Gobierno a las Cortes, fuentes gubernamentales han adelantado que es probable que quede regulada en la ley de ordenación de las comunicaciones, a través de una enmienda introducida durante su tramitación parlamentaria en curso.
La Minoría Catalana reclamará hoy en el Congreso de los Diputados la devolución al Gobierno de su proyecto de ley de televisión privada, al igual que lo solicitará Izquierda Unida y los diputados Joseba Azcárraga, Jon Larrinaga y Gabriel Camuñas. El Partido Demócrata Popular, CDS y Coalición Popular defenderán un texto alternativos al proyecto del Gobierno.
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