Nueve industriales de la construcción de Segovia se querellan contra Luis Solana

Un grupo de nueve industriales relacionados con el sector de la construcción ha presentado una querella criminal por presunta estafa de un valor aproximado a los 40 millones de pesetas, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Segovia, contra Luis Solana, actual presidente de Telefónica, como presidente de la cooperativa de viviendas Pablo Iglesias de Segovia, y otros directivos de ésta.

El 23 de noviembre de 1982, la cooperativa Pablo Iglesias, que presidía Solana, entonces diputado del PSOE por Segovia, suscribió un contrato privado con la empresa constructora Nogal, SA, para la construcción de 43 viviendas -actualmente habitadas- más locales y plazas de garaje, en el polígono residencial Nueva Segovia, por más de 113 millones de pesetas.Fuentes de la empresa Nogal han señalado que las obras se paralizaron en el mes de marzo de 1984 al existir un desfase económico y porque la cooperativa no cumplió con una renovación verbal del contrato.

Los querellantes han señalado que el abogado de la cooperativa, Ricardo Cáceres Casillas, concejal socialista del Ayuntamiento de Segovia, les anunció que cobrarían si la empresa Nogal rescindía el contrato con la cooperativa. Según un ejecutivo de Nogal, recibió presión psicológica de los acreedores y se vio obligado a rescindir el contrato para que los industriales, hoy querellantes, fueran pagados, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Desaparece un documento

El documento de la rescisión del contrato, siempre según la querella, quedó depositado en el despacho de Ricardo Cáceres, que se comprometió a no entregarlo a la cooperativa hasta que no se hubiera pagado a los acreedores. Sin embargo, el documento, han indicado los querellantes, fue sustraído del despacho del abogado, según les manifestó éste, y apareció en manos de la cooperativa.Por otra parte, la cooperativa encargó a su arquitecto que emitiese una certificación final en el momento de rescindirse el contrato, que a juicio de los denunciantes resultó muy inferior a las certificaciones parciales de obra firmadas por él mismo, por lo que la cooperativa se convirtió en acreedora en vez de deudora.

En la querella se pone de manifiesto que de la promoción de estas viviendas han debido de sobrar unos 50 millones. de pesetas que los querellantes han solicitado sean embargados para resarcimiento de los casi 70 millones que han solicitado como compensación por los daños y perjuicios causados.

El abogado Ricardo Cáceres ha señalado que por convicción y por su condición de profesional de la abogacía tiene plena confianza en la justicia, y hasta que no declare ante el juez, que por otra parte aún no le ha comunicado oficialmente la admisión a trámite de la querella, no va a realizar ningún tipo de declaraciones. Ha añadido que está tranquilo con su conducta y ética profesional y que este tema tiene un alto contenido político por la fecha en que nos encontramos.

Luis Solana no ha podido ser localizado por este periódico, al encontrarse en un viaje de trabajo fuera de nuestro país.