Todas las autonomías se han lanzado a fuertes inversiones en televisión

Ninguna de las 13 comunidades autónomas que concurren a las elecciones del día 10 de junio dispone de televisión propia, pero prácticamente todas aspiran a tenerla o a contar, al menos, con unas horas más de programación propia dentro de las emisiones de Televisión Española. La llamada a la prudencia en este tema por parte del Gobierno central y la magnitud de las inversiones exigidas han congelado. algunos proyectos, pero en muchas comunidades se han comprometido importantes dotaciones presupuestarias. Las 13 autonomías han dedicado ya a proyectos de televisión, o han programado, inversiones por un valor próximo a los 12.000 millones de pesetas.

Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid han elaborado a lo largo de la pasada legislatura leyes concretas regulando la creación de futuras televisiones regionales y han destinado importantes partidas de sus presupuestos para la realización de estudios de viabilidad y proyectos, así como el sostenimiento de consejos de administración y directivos de unas corporaciones con escasa o nula actividad hasta el momento.Otras autonomías como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Rioja, Asturias o Extremadura han suscrito convenios con RTVE con una triple finalidad: extender su cobertura a toda la población de la región respectiva -existían y existen grandes zonas de sombra adonde no llegan las dos cadenas de la televisión estatal-; crear o potenciar centros regionales que se hagan eco de la actualidad de la comunidad y den a conocer a los ciudadanos la actividad de sus Gobiernos y Parlamentos; y dejar abierta la puerta a una posible federación de centros autonómicos de televisión en colaboración con la propia RTVE. Todo ello, según las intenciones declaradas por los diferentes responsables autonómicos.

"Un suicidio político"

La ejecutiva federal del PSOE y el propio Gobierno, preocupados por la fiebre televisiva de los nuevos poderes autonómicos, aconsejaron prudencia. Alguna comunidad con el proyecto muy avanzado como Madrid, tras contestar públicamente estas instrucciones durante algún tiempo, finalmente decidieron someterse a las mismas y congelar el proyecto.

El tercer canal de televisión pública de Madrid, según las previsiones anunciadas por esta comunidad en 1984, debería haber entrado en funcionamiento en septiembre del pasado año. El Gobierno regional evaluó en unos 3.000 millones de pesetas la instalación de su televisión e insistió, ante las fuertes críticas que despertó el proyecto, en que éste era rentable (se preveían ingresos de 5.000 millones de pesetas por publicidad) y que, según encuestas contratadas por la comunidad, existía una importante audiencia potencial para la nueva televisión.

Estos argumentos, defendidos con ardor durante 1984 y parte de 1985, desaparecieron definitivamente en enero de 1986 cuando el presidente Leguina declaró: "En estos momentos el Gobierno está preparando un proyecto de ley sobre televisiones privadas, y los poderes reales en el mundo de la comunicación están esperando ese momento para dar rienda suelta a sus proyectos. Si ahora, cuando la Comunidad de Madrid ni siquiera tiene la concesión para el canal madrileño, el Gobierno regional quiere lanzar el tema, sería un suicidio político". Y añadió: "Este asunto ya me costó cinco editoriales de un periódico". La televisión autonómica madrileña, desde entonces, se encuentra en vía muerta. Sin embargo, existe el Ente Radio Televisión Española de Madrid, con una dotación de 400 millones de pesetas.

Su compañero de partido y presidente de la Comunidad Valenciana, Joan Lerma, no debe pensar que la televisión autonómica suponga un suicidio político y acaba de sacar a concurso la adjudicación del equipo electrónico de la Radio Televisión Valenciana en 2.300 millones de pesetas. "Felipe González declaró aquí que él no consideraba la televisión autonómica como una inversión prioritaria; pero no dijo que no fuera importante y yo así lo considero", comentó hace unos días el presidente Lerma a este periódico.

El coste del proyecto de la televisión valenciana se evalúa en unos 4.000 millones, de los que ya se han empleado 1.389 millones en la obra civil del nuevo centro, y la fecha de inicio de emisiones se ha fijado en 1988. Durante 1985 se redujeron las inversiones inicialmente previstas, lo que fue interpretado por otros partidos como un parón político impuesto desde Madrid. Joan Lerma, sin embargo, asegura que fueron razones presupuestarias las que obligaron en aquel ejercicio a reducir las dotaciones inicialmente previstas para la RTVV.

Para quien la televisión autonómica sí ha podido contribuir a su suicidio político es para el presidente de Cantabria, Ángel Díaz de Entresotos. Su Gobierno ha invertido unos 500 millones de pesetas desde finales de 1986, entre obra civil y un centro reemisor, en un proyecto de televisión autonómica que no había enviado al Parlamento ni estaba respaldado por concesión alguna del Gobierno central.

A principios de este año el Gobierno regional envió, al fin, el proyecto al Parlamento, y éste fue rechazado por la mayoría de la cámara. La derrota se produjo porque el PDP -ex socio de la Coalición Popular- se sumó al Partido Socialista y al Partido Regionalista, que han anunciado posibles querellas contra el Ejecutivo por haber invertido 500 millones en un proyecto sin cobertura legal.

La conexión navarra

En Navarra, una región con 500.000 habitantes y dos comunidades lingüísticas, se aprobó también un proyecto de televisión autonómica y se creó el correspondiente ente con consejo de administración y director incluido. La red de televisión, salvo dos pequeñas instalaciones técnicas, es propiedad del Gobierno regional y ha sido mejorada en los últimos ejercicios para su posible conexión con Euskal Telebista. Este hecho levantó una fuerte oposición entre sectores contrarios a la integración de Navarra en la Comunidad Vasca y se encuentra paralizado.

El Gobierno regional, de signo socialista, asegura que sólo se pretenden acuerdos con Euskal Telebista y con TVE para ompletar unas horas de programación televisiva autonómica.

Según el portavoz del Ejecutivo, Javier Rozas, "es la única forma en una región pequeña como ésta, aseguran, de poder hacer frente a los costos de una televisión propia". El candidato de Eusko Alkartasuna a la presidencia autonómica, Iñaki Cabasés, asegura, sin embargo, que hubo negociaciones para que la televisión navarra se integrara en Euskal Telebista, participan do en su consejo de administra ción y en la programación, y que éstas fracasaron por la oposición del PNV.

En Baleares, que también tiene aprobada una ley de televi sión propia, la oposición del PSOE y de Unión Mallorquina impidió al presidente aliancista Gabriel Cañellas llevar adelante su proyecto de televisión auto nómica (2.000 millones de inver sión, 250 trabajadores y 1.200 millones de presupuesto anual de funcionamiento). Los partidos de la oposición insisten en que una televisión autonómica es inviable dada la dimensión reducida de Baleares y que hay que propiciar convenios con TV3 de Cataluña y con el centro catalán de RTVE para completar una programación propia.

La situación en Aragón ha sido la inversa: el socialista Santiago Marraco coló en la última sesión del Parlamento regional, en esta legislatura, el proyecto de un tercer canal. Fuentes de la oposición hablaron en esa sesión de que incluso se habían producido ofrecimientos irregulares a algunos diputados de otros partidos para hacer posible la inclusión de esta ley antes de la disolución de las Cortes aragonesas. Marraco se había declarado en varias ocasiones engañado por RTVE, entidad con la que había llegado a acuerdos para extender su cobertura y para mejorar su centro regional. El Gobierno había cumplido las inversiones previstas, pero RTVE no atendía sus compromisos.

Incumplimientos

En Rioja y Asturias, los presidentes José María de Miguel y Pedro de Silva, respectivamente, se muestran disgustados con RTVE por parecidos incumplimientos. Rioja mejoró carreteras de acceso al centro de televisión, realizó costosas obras en éste, y en palabras de De Miguel el acuerdo con RTVE ha sido "una triste novela de incumplimientos".

En Asturias, el Gobierno re gional invirtió 400 millones de pesetas en la creación de un nue vo centro para RTVE, que se inauguró en abril de 1986, sin que hasta el momento haya em pezado a funcionar por falta de las dotaciones técnicas que se comprometió a aportar la televi sión estatal. La información re gional continúa emitiéndose desde unos locales habilitados provisionalmente, con ocasión del Mundial de Fútbol de 1982, en los bajos del estadio Carlos Tartiere.

El Gobierno de Castilla y León aportó 833 millones de pesetas en un convenio para la mejora de RTVE. El de Castilla-La Mancha hizo lo propio, entregando 200 para la construcción del centro regional de Toledo y otros 400 -en colaboración con cuatro de las cinco diputaciones de la región- para extender la cobertura de la televisión estatal. El de Extremadura, a su vez, aportó 500 millones.

En Canarias, los responsables del centro regional han sido llamados a comparecer ante el Parlamento, pero la dirección de RTVE se ha opuesto siempre, por entender que no existe dependencia entre el centro de Canarias y la institución autonómica. Al final se pactó un arbitraje del Consejo de Estado, y éste se pronunció a favor de las tesis de RTVE.

La carrera de estas autonomías por disponer de televisiones propias sigue a la iniciada por las comunidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia) que las tienen en funcionamiento desde hace tiempo. Andalucía, que al igual que las anteriores no concurre a estas elecciones, ha realizado importantes inversiones en proyectos de televisión.