El futuro de los pensionistas

Los más de tres millones de pensionistas anteriores a la ley de julio de 1985 tienen pocas esperanzas de que sus pensiones alcancen un nivel suficiente con las revalorizaciones anuales. Con la situación actual de la Seguridad Social y los planes gubernamentales no hay lugar para el optimismo. La Seguridad Social ha visto ir mermando progresivamente su capacidad financiera y se ha visto obligada a adoptar medidas severas de racionalización y ahorro. La política de contención del gasto y el esfuerzo por buscar nuevos ingresos no ha podido evitar que el desequilibrio financiero sea mayor en cada ejercicio. Es significativo que los gastos de la Seguridad Social superen los ingresos, en 1986, en 35.600 millones de pesetas. La tendencia demográfica es desfavorable: aumenta la población pasiva y disminuye la activa. El incremento del paro y las jubilaciones anticipadas, una de las salidas a las reconversiones y reducciones de plantillas, aumenta ese desequilibrio.¿Cómo conseguir, sin provocar traumas, movilizar a la sociedad para que, en el terreno de la protección pública, detenga la enfermedad financiera del sistema? Las dos fuentes principales de ingresos -las cotizaciones de empresarios y trabajadores y las aportaciones del Estado- han llegado al límite. Los empresarios están pidiendo con insistencia la reducción de sus cuotas y el Estado, con una aportación de más de un billón de pesetas en 1987, considera que un esfuerzo económico superior debería conllevar un aumento de la presión fiscal, que no conviene ni políticamente ni económicamente.

Se avecina un nuevo ordenamiento de la previsión colectiva. Las pensiones complementarias, alimentadas por las cotizaciones mensuales de los trabajadores durante su vida activa, propiciarán un sistema de ahorro personal, aumentado por los intereses conseguidos en la capitalización y las aportaciones de las empresas generadoras de esos fondos. El trabajador podrá percibir a su jubilación una sustanciosa pensión, compuesta por el ahorro personal más la pensión básica del Estado, de carácter universal, financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esta alternativa que apunto no es cosa de adoptar de hoy para mañana. Quedan más de cinco millones de pensionistas mayores de 65 años que, aunque se les siga congelando sus insuficientes pensiones, son un gran inconveniente para la puesta en práctica de esos planes. Y hay otros muchos trabajadores que actualmente oscilan entre los 40 y 50 años de edad que no van a tener opción a los fondos de pensiones, aunque hayan cotizado durante años a la Seguridad Social.

Puedo estar equivocado pero, al menos, tras un sincero análisis de la situación actual, avalado por las manifestaciones públicas de altos responsables de la Administración, ésta es la alternativa que, supongo, está en la mente de los rectores de la Seguridad Social. Secretario de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas.