La Junta de Jueces de Madrid critica a Justicia por provocar la semiparalización de los juzgados

La Junta de Jueces Civiles de Madrid ha hecho llegar un escrito al Consejo General del Poder Judicial y a la Audiencia Territorial en el que se critica la decisión del Ministerio de Justicia de dotar las 84 plazas del nuevo Servicio Común de Notificaciones y Embargos -36 oficiales, otros tantos agentes judiciales y 12 auxiliares- con personal proveniente de los mismos juzgados, lo que ha significado la semiparalización de sus actividades.

En algunos casos concretos, como los juzgados números 1 y 5, todo su personal ha sido trasladado al nuevo servicio, con lo que, prácticamente, han dejado de funcionar -permanecen en los mismos dos o tres funcionarios de carácter interino-Algunas notas informativas fijadas en las puertas de varios juzgados revelaban el malestar de los magistrados. La fijada en la puerta del juzgado número 5 decía: "Ante la situación planteada por el traslado de siete funcionarios y en breve plazo los dos que quedan, se pone en conocimiento del público y profesionales que la tramitación de asuntos en este juzgado sufrirá las demoras impuestas por tal contingencia. La magistrada juez no atenderá las quejas que por ello puedan plantearse, por muy legítimas que sean, debiendo dirigirse al Ministro de Justicia, presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidencia de la Audiencia Territorial".

Y la nota del juzgado número 25, que lleva los asuntos judiciales de familia, especificaba aún más: "Por el traslado de funcionarios quedan paralizadas las siguientes secciones: los expedientes terminados en 0 y precedidos por número impar, y los expedientes terminados en 1, 2, 3 y 4".

[El Ministerio de Justicia hizo pública una nota a última hora de la tarde de ayer en la que se aseguraba que los juzgados de lo civil de la plaza de Castilla habían funcionado con normalidad, pese a las reducciones de plantillas que padecen. Según el ministerio, la creación de la Oficina Central de Notificaciones sólo supone una reducción parcial y provisional de los efectivos, la situación de falta de funcionarios titulares en los juzgados de lo civil se hubiera producido de todos modos en el plazo de un mes, al haber solicitado muchos funcionarios el traslado en un concurso pendiente de resolución, y algunas jubilaciones.]

200.000 diligencias

En una conferencia de prensa celebrada ayer, Antonio García Paredes, juez decano de Madrid, resaltó el malestar de los magistrados por la actuación del ministerio: "Con esta medida han conseguido empañar un logro importante,", dijo. García Paredes expuso que la creación del nuevo servicio significa un paso importante en la agilización de la maquinaria judicial en Madrid.Su misión es la de centralizar y coordinar las aproximadamente 200.000 diligencias anuales que realizan los 26 juzgados civiles madrileños, y que hasta ahora realizaban independientemente cada uno.

La Junta de Jueces, añadió el decano, manifestó al ministerio hace meses que el personal del nuevo servicio debía ser contratado al efecto. El ministerio, bien es verdad que forzado por cuestiones reglamentales y de presión de las centrales sindicales, sacó las plazas a concurso entre el personal de los juzgados, añadió García Paredes.

García Paredes, sin embargo, dio una nota optimista al anunciar que el Boletín Oficial del Estado publicará hoy la convocatoria del concurso para proveer las plazas de 43 oficiales, 36 auxiliares y 33 agentes judiciales, lo que enjugará no sólo el déficit creado por el reciente traslado, sino otros anteriores. "Estamos en una situación dificil y grave, pero al mismo tiempo hay buenas perspectivas de que los problemas se arreglen a corto plazo".

Retrasos y desajustes

La nota de la Junta de Jueces hecha pública ayer "rechaza formalmente la solución del ministerio, que ha desoído las propuestas de esta Junta relativas al personal, que han sido realizadas desde el conocimiento real y profundo del funcionamiento de los juzgados". En el segundo punto, la Junta de Jueces se niega a "asumir la responsabilidad de los retrasos, desatenciones y desajustes procesales que necesariamente se han de producir en todos y cada uno de los juzgados".Por su parte, Antonio Pedrol Rius, decano del Colegio de Abogados de Madrid, criticó también la medida ministerial. "El Servicio de Notificaciones y Embargos es una idea constructiva y positiva para descontesgionar las actividades exteriores de los juzgados", dijo, "pero no es lógico que para cubrirlo se dejen desguarnecidos los propios juzgados".