Sobre la ley de huelga

El ministro de Trabajo, antiguo dirigente sindical, ha hecho público que el Gobierno presentará antes de final de año un proyecto de ley de regulación de la huelga. El anuncio de dicha medida provoca algunas reflexiones por lo insólito del asunto. Efectivamente, no deja de ser extraño que un ex sindicalista haga tal proposición, de igual forma que raro es que un Gobierno como el PSOE la asuma en su conjunto. Y es insólito porque hasta la fecha era solamente la derecha la que planteaba medidas de este calibre: Nixon (en 1970, que fracasa) y los Gobiernos conservadores de Thatcher y Kohl. Es lógico, pues, interrogarse sobre las fuentes donde bebe Felipe González y el ministro Chaves.Hasta ahora no ha sido razonado políticamente el deseo del Gobierno del PSOE. Por eso, de momento, sólo se pueden establecer ciertas hipótesis del porqué de tan novedosa proposición. Una primera aproximación al tema vendría a ser el cumplimiento de la promesa electoral del partido de regular por ley el derecho de huelga. Dejando al margen que se han incumplido promesas de más envergadura, tampoco la propuesta del programa electoral del PSOE argumentaba el porqué de la necesidad de la regulación del ejercicio de la huelga. Y no despejaría el interrogante porque los colegas socialistas de Felipe González en Europa no han dado tan audaz paso. Otra pista podría ser el cumplimiento de un mandato constitucional. Cierto, la Constitución española expresa que el derecho de huelga debe regularse por ley. Pero si nos atenemos a otras Constituciones más antiguas (por ejemplo, la italiana y la francesa), que también afirman lo mismo, se debe recordar que en ambos países ningún Gobierno ha puesto en marcha tal disposición de lo que se infiere que no son ésos los reales argumentos del problema. O para hablar con claridad, ahí no está la pista.

El pensamiento del PSOE

Habrá que establecer, por tanto, la gran conjetura e ir al fondo del problema. El quid de la cuestión está en el pensamiento y en la práctica del nuevo PSOE o -para ser más exactos- de su núcleo dirigente. El nuevo PSOE se caracteriza por lo que Norberto Bobbio ha llamado con lucidez el reformismo sin reformas, que sería algo así como la traducción latina de todo un cúmulo de cuerpo doctrinal neoliberal y conservador. Pero este reformismo sin reformas está aparejado contemporáneamente por continuas actitudes contrarreformistas, que se expresan en el terreno económico, en todo un conjunto de leyes laborales y en la nueva concepción del PSOE en relación al Estado social. La gran conjetura habrá que establecerla en la relación existente entre la necesidad del Gobierno de continuar practicando un ajuste duro y un estilo sindical que se opone a ello. En esa dirección, la ecuación se resolvería limitando el poder contractual de todo el sindicalismo, incluida la Unión General de Trabajadores, y los instrumentos -viejos y modernos- de las organizaciones sindicales. ¿Por qué si no la propuesta del ministro de Trabajo?La huelga es un instrumento que tiene unas reglas cuya utilización sólo debe corresponder a los trabajadores y a los sindicatos. Es decir, también corresponde a grupos de trabajadores, aunque no estén organizados sindicalmente. Esta juridicidad es una conquista y un derecho consuetudinario del que también pueden enorgullecerse los socialistas y los socialdemócratas en la proporción que les pueda corresponder históricamente. Por ello, quebrar ese derecho es recortar, se quiera o no se quiera, una parte sustancial de la democracia y de los valores democráticos (aunque no estén escritos) de nuestro país; significaría cercenar uno de los instrumentos que tienen los trabajadores para defender su condición de trabajo y de vida y para alcanzar determinadas cotas de democratización de las relaciones industriales. Optar por la vía contrarreformista llenaría de gozo a quienes sueñan con menos sindicatos.

Los servicios mínimos

Pero esta propuesta de ley no puede ser considerada al margen del talante con que el nuevo PSOE ha enfocado desde 1982 el tema de la huelga. Y los hechos concretos nos muestran que en el tema de los llamados servicios mínimos han tenido una actitud profundamente limitativa que ha merecido repetidos varapalos de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, que han llamado la atención al Gobierno. Habrá que recordar a los desmemoriados, por ejemplo, que el Comité de Libertad Sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha recomendado al Gobierno español el cese de la práctica de la imposición de los servicios mínimos sin negociación con los sindicatos.En esas realidades es donde hay que analizar la propuesta del Gobierno. Y a partir de ahí, del verticismo dirigista del Gobierno, situar todos los razonamientos. Nosotros, sindicalistas, afirmamos que hay una alternativa. Se trata de avanzar en la propuesta de cinco sindicatos catalanes (CC OO, USO, CNT, CSC y STACT) de establecer -sólo los sindicatos- unas normas de cómo ejercer el libre derecho de la huelga. O en otras palabras, de negociar un código de autorreglamentación. Y decimos que sólo deben ser los sindicatos, en claro desacuerdo con lo expresado por el profesor Durán López, que afirma ser partidario de la autorreglamentación, pero con intervención del legislador. No sería tal autorreglamentación, sino una regulación encubierta.

Es preciso que se clarifiquen las posiciones de los sindicatos que hasta ahora no han hablado. El tema central no está, en mi opinión, a la espera de cómo es la ley o el proyecto de la misma, sino en la ley en sí misma, que como tal y por las razones antedichas debe ser rechazada.

José Luis López Bullaes secretario general de CC OO de Cataluña.