De la firmeza a la flaccidez

LAS CONDICIONES del acuerdo salarial que ha puesto fin a la conflictividad en Iberia plantean inevitablemente la pregunta de si no hubiera sido posible alcanzar el mismo pacto mucho antes y sin que se hubieran producido las pérdidas e inconvenientes de todo tipo que el conflicto ha ocasionado. Hasta ahora, el pacto no había sido posible porque la petición de los sindicatos no se ajustaba a los criterios fijados por el Gobierno para los aumentos salariales de las empresas públicas. Durante largas semanas, con paros, huelgas de celo, cancelaciones, retrasos, miles de millones perdidos y la desesperación de cientos de miles de usuarios, empresa y trabajadores se mantuvieron numantinamente en sus primitivas posiciones: la compañía, ofreciendo el 5%; los sindicatos, exigiendo subidas entre el 7% y el 7,5%. La Administración pareciera que estaba dispuesta a todo con el fin de situar la lucha contra la inflación, vía contención de los salarios, en el lugar de honor de las prioridades económicas.El incremento salarial finalmente pactado entre la dirección de Iberia y los sindicatos CC 00 y UGT es de un 5,87. Pero a este porcentaje hay que añadir otro 0,4% o 0,7% repartido a cada trabajador y que se pagará como premio de productividad -alcanzar determinadas cotas de puntualidad-, con lo que la subida real por trabajador se sitúa por encima del 6%. Si a todo ello se añaden los desaamientos, que en Iberia equivalen a un punto y medio de la masa salarial, el coste salarial total será de un 8% en 1987.

Vincular parte de los aumentos a objetivos de puntualidad -cuestión clave para una compañía aérea- es sin duda una buena fórmula, pero lo ocurrido en las empresas públicas del transporte -Iberia y Aviaco- hace pensar si para ese viaje hacían falta estas alforjas. Parece incuestionable que en las dos grandes compañías la subida pactada ha roto ampliamente las recomendaciones del Gobierno, salvo que ahora se quiera demostrar que subidas del 7% y el 8% se encuentran en ese "en tomo al 5%".

En un primer análisis, y observando lo que ha ocurrido en las dos grandes empresas públicas de transporte, el 5% ha sido sólo un espantajo ampliamente superado por los sindicatos. Pero además, los directivos de Iberia, forzadas a blindarse en el 5%, se mostraron tan faltos de capacidad negociadora que en buena parte su inelasticidad ha provocado el encono y los desperfectos sociales y económicos.

El presidente del Gobierno ha defendido la tesis de que, mientras los sindicatos se muestran prudentes en sus presiones negociadoras con los empresarios privados, exasperan sus peticiones cuando se trata de empresas públicas. A juicio del presidente, la lógica de esta actuación descansaría en que los sindicatos no sienten escrúpulos ni temor por las virtuales dificulta des que sus reivindicaciones creen en las empresas del Estado, sostenidas, si fuera preciso, por los presupuestos generales; es decir, por un dinero que parece ser de nadie.

Frente a ello cabe decir que si los trabajadoresse portan de modo distinto en unas u otras empresas es debido, probablemente, a que las empresas públicas hacen tan poco honor a su condición de servicio público como a su condición de empresas. Muy lejos de ser la autoridad política quien venga a marcar la cifra mágica de revisión salarial, lo razonable sería que fue ran las partes -gestores y empleados, dirección y trabajadores, empresarios y obreros- quienes determi naran los diferentes niveles de acuerdo. Fijar un mis mo nivel de aumento para todos supone prescindir tanto de la naturaleza económica de la negociación que en,nada pueden extrañar las politizaciones de los conflictos. El el propio Gobierno y su ministro de Economía quien puso el ingrediente decisivo de la politización. Sin estrategia negociadora, todo era una trágala dictada desde el poder. Claro está que los sindicatos se enfrentaron a ello. Al contrario de lo que se ha dicho, no han sido los sindicatos quienes le han echado un pulso al Gobierno con sus protestas; ha sido, antes que nada, el Gobierno quien puso primero el brazo sobre la mesa. Y aquí están los resultados.

A gestores públicos y autoridades económicas les corresponde la obligación de explicar por qué se han concedido ahora subidas en Iberia y Renfe que tan sólo unos días antes se consideraban descabelladas.