La policía estrena elecciones

MÁS DEL 80% de los cerca de 60.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía censados participó el martes en las elecciones celebradas para elegir a sus representantes en el Consejo de la Policía, organismo paritario de arbitraje y mediación entre los sindicatos policiales y la Administración. La elevada participación y la ausencia de incidentes, así como el triunfo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), de tendencia progresista -que obtuvo cinco de los 12 puestos en disputa-, fueron las características de la jornada.El artículo 28 de la Constitución, que consagra el derecho a la libre sindicación de todos los ciudadanos, introduce la posibilidad de limitar ese derecho en relación a los funcionarios públicos, en general, y a las fuerzas e institutos armados, en particular. El Derecho comparado indica que lo mismo ocurre en todos los países democráticos.

La ambigüedad mantenida por los sucesivos Gobiernos de la transición respecto a la desmilitarización efectiva de la Policía Nacional retrasó, más allá de todo plazo razonable, la regulación de las peculiaridades del ejercicio al derecho de sindicación de los policías. No hay que olvidar que el propio SUP, ampliamente mayoritario desde hace años, pasó por un período de clandestinidad más o menos tolerada antes de obtener su efectivo reconocimiento legal, a finales de 1984.

Esas resistencias al reconocimiento de la realidad sindical en el seno de la policía dificultaron el diálogo con la Administración y favorecieron la dispersión asociativa. Un colectivo, por otra parte, que entraba en la vida sindical de sopetón, con una escasa preparación e imbuido de una ideología confusa, en la que se mezclaba la peor tradición corporativista con reflejos antidemocráticos. El resultado fue un sindicalismo en el que primó la confrontación sobre el diálogo y en el que los desplantes y desafíos extremos encontraron amplio eco, contribuyendo a crear una cierta imagen de irresponsabilidad entre los ciudadanos. La inmadurez de los nuevos sindicatos fue decisiva en ello; pero no sería justo ignorar la paralela ignorancia y prepotencia de que hicieron gala durante años unos mandos contrarios a la desmilitarización de la policía y acostumbrados a tratar a los agentes como a reclutas, y no como a profesionales sujetos de derechos laborales.

Con todas sus contradicciones, y pese a las disfuncionalidades creadas en un servicio público tan importante, hoy puede afirmarse que estos años de lucha por su legalización, primero; por la desmilitarización, más tarde, y por sus reivindicaciones profesionales, en todo momento, han tenido un enorme valor formativo para los propios policías. Esa lucha, más la disputa entre las distintas agrupaciones por ganarse la confianza de los agentes, ha habituado a la policía española, que carecía de cualquier tradición democrática, a los usos y costumbres de la democracia, familiarizándola con problemas que son comunes a millones de trabajadores. El congreso celebrado en diciembre pasado del sindicato que ahora ha confirmado su condición de mayoritario, el SUP, dio su confianza a un equipo cuyos planteamientos negociadores y orientación progresista -solicitaron la derogación de la legislación antiterrorista- habían quedado plasmados en las ponencias presentadas.

A las elecciones del martes concurría -una docena de siglas, de las que sólo la mitad ha obtenido representación en el Consejo de la Policía. Esta clarificación del panorama, que probablemente se irá acentuando en próximas convocatorias, favorecerá sin duda la institucioñalización del diálogo con la Administración. Es de esperar además que el Consejo, cuya constitución deriva de las previsiones de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, contribuya no únicamente a las reivindicaciones profesionales de los agentes, sino también a desarrollar en todos los aspectos la reforma policial que una sociedad como la española precisa. Porque de nada valdrían estas elecciones si la orientación política del Ministerio del Interior se empecína en depositar, el peso del aparato de la seguridad del Estado lejos del alcance del Cuerpo Nacional de Policía y relega sus funciones a un plano secundario.