Un inexplicable aplazamiento

EXISTEN SUFICIENTES testimonios, muchos de ellos conocidos ya por la opinión pública, sobre lo ocurrido el pasado día 16 de abril en Reinosa como para deducir que el comportamiento de la Guardia Civil fue aquel día incompatible con la misión que la ley atribuye a las fuerzas de seguridad. El rocambolesco aplazamiento de la comparecencia -por llamarlo de alguna manera- del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, ante la comisión de Interior del Congreso no servirá para modificar la negativa imagen que de esos hechos se deriva, pero daña a la imagen de algunas instituciones democráticas. Ése es el balance del sorprendente desenlace de la iniciativa del Grupo Popular de volverse atrás en su intención de pedir explicaciones al responsable de la Guardia Civil sobre los sucesos de Reinosa.Demasiado sorprendente como para no pensar en un arreglo bajo cuerda entre las dos primeras fuerzas parlamentarias tendente a evitar al Gobierno el sofoco de explicar lo inexplicable: que casi un mes después del negro Jueves Santo vivido en la localidad cántabra, y cuando ya ha perdido la vida una de las decenas de personas que resultaron heridas, nadie haya dado la cara todavía para responder políticamente de los desmanes.

La iniciativa del primer partido de la oposición era más que razonable. En un sistema parlamentario, una de las funciones principales de la cámara es controlar el uso hecho por el Gobierno del poder que ejerce: El director general de la Guardia Civil estaba moralmente obligado a responder a cuestiones como: por qué se mantuvo, contra los más elementales criterios de prudencia política, la decisión de seguir encomendando a dicho cuerpo la salvaguardia del orden público en Reinosa tras la experiencia de lo ocurrido un mes antes; qué criterios determinaron la intervención indiscriminada contra el conjunto de la población el día 16, y qué medidas se habían adoptado contra los números y oficiales responsables de la intervención policial.

El Grupo Popular se adelantó a solicitar la presencia del director general de la Guardia Civil y del delegado del Gobierno en Cantabria. El rechazo por parte de la Mesa del Congreso de la comparecencia del delegado del Gobierno fue la razón esgrimida por los populares para retirar su petición, según se supo ayer. Otros grupos de la oposición, cuyos líderes habían expresado públicamente su preocupación por lo ocurrido, indicaron también su intención de intervenir en la comisión, y entre ellos Izquierda Unida, que propuso además el visionado por los miembros de la comisión de un vídeo con testimonios de algunas de las víctimas. La negativa del portavoz del Grupo Popular a ofrecer mayores explicaciones de su decisión abona la hipótesis de un acuerdo soterrado. Tal vez algún día se sepa a cambio de qué. Pero ya en el colmo de las piruetas y sinsentidos, las últimas noticias de ayer informaban del deseo del director general de la Guardia Civil de comparecer voluntariamente en el Congreso. ¿Para qué tantas vueltas y revueltas?

La democracia por sí sola no basta para producir las transformaciones sociales que eviten las desigualdades sociales. Ni siquiera para evitar que en períodos de crisis y ajuste miles de trabajadores pierdan su empleo. Es posible que la sociedad española depositara esperanzas desmesuradas en lo que le aportaría el ,cambio. Pero por mucho que se reduzca el significado real de ese concepto, es exagerado admitir que los ciudadanos deban aceptar que una nube de silencio cubra, como en el pasado, comportamientos posiblemente ilícitos de quienes por mandato constitucional están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes. Por ello no estaría de más que el señor Barrionuevo Peña, al parecer ya un ministro sin cartera, asumiera la responsabilidad política de su departamento y no dejara en manos de sus subalternos el dar la cara en el Congreso.