Jueces y jueces

ACONTECIMIENTOS DISPARES ocurridos en los últimos días en el País Vasco, en Granada y en Cádiz han convertido de nuevo a los jueces en protagonistas de las noticias. Por pasiva y por activa, unas actuaciones judiciales han sido motivo de duros comentarios políticos mientras otras han provocado un justificado estupor ciudadano.Lo más llamativo del caso es que son los jueces del País Vasco, que cumplen con su deber en situación extraordinariamente difícil, los que reciben las diatribas y destemplanzas del socialista Garcia Damborenea, mientras es oprobioso el silencio de sus compañeros de profesión frente a los desmanes y las ridiculeces que algunos señores magistrados las se preocupan de protagonizar en el sur de España. En efecto, la decisión de una juez en Granada haciendo detener a un abogado mientras ejercía la defensa y la de otro juez que, mientras pasea en chándal por una playa, se dedica a ordenar el encarcelamiento de bañistas sin ropa, no han merecido los epítetos lanzados sobre los magistrados de Euskadi.

Siendo de diversa naturaleza uno y otro caso, lo que resulta obvio es que los jueces no han encontrado aún el lugar exacto que les corresponde en nuestra democracia. El aspecto difuso de su poder, que se expande en todos y cada uno de los órganos judiciales del país, unido a la dificultad histórica de una mayoría de ellos para asumir los valores constitucionales y a su endogamia corporativa, han hecho difícil esa tarea. Tampoco la han favorecido los Gobiernos, y muy especialmente los socialistas, exigiendo en ocasiones a los jueces una colaboración en las tareas del Estado rayana en la sumisión. Las imputaciones de pasividad y despreocupación en la lucha contra el terrorismo lanzadas por Ricardo García Damborenea contra los jueces del País Vasco durante el entierro de la militante socialista muerta en Portugalete son inadmisibles si no pueden ser acompañadas de las respectivas pruebas. No pueden justificarse ya por la indignación ante la salvajada cometida en la sede del PSOE, y sólo son imputables a un estilo de hacer política que confunde el valor con la bravuconada.

El aplauso de la extrema derecha y los reaccionarios de todo corte a la palabras de Ricardo García Damborenea, que se confunde en, sus ecos con el del propio presidente del Gobierno, no hace sino poner de relieve lo que ya sabíamos: el terrorismo etarra ha logrado encaminar el proceso vasco por los senderos de la irracionalidad.

Porque es preciso señalar que ni el franquismo, primero, ni la democracia, después, confiaron en el aparato judicial del Estado en el País Vasco para luchar contra el terrorismo de ETA. El Tribunal de Orden Público y la jurisdicción militar, en el anterior régimen, y la Audiencia Nacional, a partir de 1977, asumieron en exclusiva esa tarea.

Aparte de razones políticas, relativas a la eficacia y a la centralización de esa lucha, no han faltado motivaciones de recelo sobre la capacidad humana y profesional de unos jueces que debían ejercer en condiciones de alto riesgo provocadas por el terrorismo. O sea que no es de extrañar que se haya producido un debilitamiento de la presencia judicial del Estado en Euskadi. Lo que sucede es que este debilitamiento es iinputable de manera directa a los malos políticos y a los malos gobernantes, en absoluto a los malos magistrados, por muchos que éstos puedan ser.

Pero mientras unos jueces son atacados en Euskadi, colegas suyos atacan a su vez a los ciudadanos en otros parajes. La detención y encarcelamiento en Granada del abogado Darío Fernández, que llevara la acusación privada en el famoso y ultrajante caso Almería, merecía cuando menos, por parte de la clase política, similar indignación a la mostrada por Ricardo García Damborenea. Y sin embargo no la hemos percibido. Es del todo punto incalíficable la decisión de una juez que encarcela a un defensor durante el acto de un juicio. Y esperamos que el fiscal abra las oportunas averiguaciones a fin de comprobar si la señora magistrada no ha incurrido en delito por su parte.

Por lo demás, el conocimiento de que dos mujeres han pasado varios días de su vida en chirona por el nefando crimen de bañarse desnudas en un país cuya principal riqueza nacional es la posibilidad de que millones de turistas se tuesten las tetas en paz y tranquilidad no deja de ser bastante chusco. Estamos seguros de que la inspección de tribunales demostrará en su día que el juzgado de Chiclana tramita todas las causas con idéntica celeridad a ésta. Y esperamos que las autoridades socialistas serán capaces, en un futuro, de gestionar leyes que protejan a los ciudadanos, y a las ciudadanas, del capricho de cualquier deportivo magistrado justiciero, empeñado en aplicar su moral particular a la moral ajena.