Venezuela prohíbe el despido laboral por seis meses

El presidente de Venezuela, Jaime Lusinchi, ha decretado un aumento general de salarios para hacer frente a anteriores incrementos de precios, además de prohibir el despido laboral por un período de seis meses. El incremento salarial afecta a los trabajadores venezolanos del sector privado y público, así como a los oficiales, suboficiales y tropas profesionales al servicio de las fuerzas, armadas nacionales. Están exceptuados los empleados del servicio doméstico y los conserjes de los edificios residenciales.En su alocución a la nación con motivo del Día del Trabajador, el presidente Lusinchi anunció que los sueldos inferiores a 2.100 bolívares (12.000 pesetas) recibirán un aumento del 30%; los comprendidos hasta 6.100 bolívares, un 25%, y los sueldos hasta 20.000 bolívares, el 20%.

Esta mejora del ingreso laboral se otorga en forma de bono compensatorio que "no forma parte del salario y en consecuencia no se tomará en consideración a los efectos del cálculo de los beneficios, prestaciones y demás conceptos calculados sobre la base del salario que legal o contractualmente pudiera corresponder a los trabajadores", precisa el decreto presidencial.

Al tiempo se ha establecido que en los seis meses siguientes ningún trabajador, salvo los contratados temporales, podrá ser despedido, trasladado o rebajadas sus condiciones laborales sin causa justificada. En tercer lugar, también decretó por el plazo de seis meses la congelación de precios de todos los bienes de primera necesidad, exceptuando los productos agrícolas.

El anuncio del presidente Lusinchi fue la respuesta a las peticiones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), máxima organización sindical, que desde hace dos semanas ha venido reclamando un aumento general de sueldos y salarios en virtud de que el poder adquisitivo se ha deteriorado en más del 45% en el último año.

Las organizaciones patronales, por su parte, han protestado por los aumentos salariales alegando que provocará elevación en los costes de producción que los empresarios trasladarán luego a los consumidores.

Pero al margen del reajuste salarial y precediendo el anuncio presidencial también han surgido protestas en la población por el aumento de los precios del transporte colectivo. Durante toda esta semana las grandes ciudades han sido escenarios de marchas y manifestaciones en contra del aumento de más del 100% de las tarifas de los autobuses y el 20% de los taxis. Las tarifas eléctricas subieron este año un 30%, además de los alimentos y servicios.