10 colectivos de juristas promueven una alternativa al actual deterioro de la justicia
Representantes de una decena de colectivos progresistas de juristas, profesionales y trabajadores relacionados con el derecho y la Administración de justicia acordaron el pasado fin de semana en Madrid coordinar su actuación para elaborar una alternativa que supere la actual situación de deterioro de los derechos individuales, las libertades públicas y la justicia. Se constituyó una comisión provisional que elaborará una proposición de ley para resolver los problemas más acuciantes por la vía de la iniciativa legislativa Popular y preparará un congreso para el próximo otoño.
A la reunión, celebrada el pasado sábado en la Junta de Jueces de Madrid, asistieron 34 personas de la dirección de los siguientes colectivos: Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, corriente Ruiz Vilaplana de los secretarios judiciales, Confederación Estatal de Grupos de Abogados Jóvenes, Asociación Pro Derechos Humanos, Asociación Catalana de Juristas Demócratas, Justicia y Sociedad de Galicia, Derecho y Sociedad de Asturias, Grupo de Abogados Laboralistas de Madrid y comisión de actuaciones judiciales del Colegio de Economistas de Madrid.Los reunidos constataron "la necesidad de coordinación permanente de todos los colectivo progresistas de juristas, profesionales y trabajadores relacionados con el derecho, la Administración dé justicia y las libertades públicas". Según el magistrado Juan Alberto Belloch, portavoz de Jueces para la Democracia, el acto no tiene precedentes, ya que "es la primera vez", dijo, "que se reúne en España al máximo nivel directivo un grupo tan significativo de asociaciones progresistas de este carácter".
Congreso en otoño
Belloch destacó que la reunión fue "algo distinto de una mera toma de contacto, pues se ha creado ya", informó, "una coordinadora con unos mandatos muy concretos". Según los acuerdos adoptados por unanimidad, la coordinadora provisional del Estado deberá convocar para el próximo otoño un congreso que elabore un manifíesto-programa sobre la actual situación de los problemas relativos a los derechos individuales, a las libertades públicas y a la justicia". Asimismo, elaborará "una proposición de ley que regule los aspectos esenciales y las medidas acuciantes para superar la actual situación de deterioro de la Administración de justicia".En opinión de Belloch, entre los motivos que justifican esta decisión de "trabajar, en común" destaca "la necesidad de fijar unas señas de identidad comunes, elaboradas desde el principio de una manera global por todos los sectores afectados, evitando todo riesgo no ya de un enfoque corporativo, impensable en una organización progresista, pero sí obviando los riesgos derivados de un enfoque hasta ahora parcial o sectorial". Otro motivo es, según dijo, "la constatación del lamentable estado actual de la justicia, situación o problema ante el que, si bien no cabe la retórica y corporativa invocación a una huelga de celo, tampoco cabe, la pasividad".
El portavoz de Jueces para la Democracia se refirió con esta alusión a la amenaza de utilizar la huelga frente al deterioro de la justicia, esgrimida recientemente por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial. Esta posibilidad se encuentra también contemplada en otros de los mandatos dados a la coordinadora creada el pasado sábado: "Tomar decisiones urgentes comunes de todos los colectivos ante los acontecimientos de especial trascendencia que puedan plantearse en este ámbito específico [el deterioro de la Administración de justicia]".
Belloch destacó que se trata de un "proceso abierto" a otros colectivos y que es precisa una alternativa progresista urgente. "Dado, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", dijo, "no parece estaren la línea de construir esa alternativa, consideramos que también es nuestra responsabilidad formular propuestas razonables, viables y progresistas, frente a las necesidades más acuciantes del servicio público de la justicia". Añadió que ése será el objetivo central del congreso de otoño, pero que si las propuestas que en él se hagan no son atendidas por los poderes públicos "ello nos obligaría a reflexionar sobre la conveniencia", dijo, "de acudir" -en la materia en que ello fuera posible- "al mecanismo de la proposición de ley por iniciativa popular que prevé el artículo 87 de la Constitución".
Aunque Belloch no se refirió a este aspecto, otros asistentes a la reunión manifestaron que el ambiente general era el de confrontación no sólo con el sector conservador de la magistratura o con la pasividad del CGPJ, sino también con el Gobierno socialista. Según estas fuentes, "el PSOE parece incapaz de dar soluciones operativas al deterioro de la justicia, por lo que se hace necesaria una alternativa desde la sociedad, haciendo uso de la iniciativa legislativa popular, que deberá ser avalada por un mínimo de 500.000 firmas".
