Los funcionarios denuncian la falta de seguridad de la prisión de El Puerto de Santa María
La prisión de máxima seguridad de El Puerto 1 no reúne las suficientes condiciones de seguridad, y las que tiene no funcionan bien, según denunciaron los sindicatos de funcionarios. A la escasez de funcionarios en relación con el número y peligrosidad de los internos se une una curiosa disposición de los cuatro módulos, que facilitó el motín del pasado sábado. El Ministerio de Justicia prepara un proyecto para modificar la comunicación de los módulos con el control central, cuya deficiente planificación provocó que los siete reclusos amotinados el sábado llegaran a tener controlado casi todo el centro.
Éstos están dispuestos de forma radial alrededor de un núcleo central que tiene acceso al pasillo de salida. Cada módulo es independiente, pero desde cada uno de ellos se puede acceder al núcleo central y eso fue lo que hicieron los siete expertos en fugas y secuestros.Según informó ayer a este periódico el director del centro, Eduardo Roca, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene en estudio un proyecto para modificar la comunicación entre los módulos y la zona de control.
Sin embargo, no sólo la estructura física perjudica la seguridad de este macropenal en el que todos los internos son de primer grado, los más peligrosos. Además de su aspecto físico, los sindicatos de funcionarios vienen denunciando reiteradamente la escasez de personal para el número de internos: hay 152 funcionarios de plantilla, de los que sólo un centenar están en comunicación con los 365 reclusos sobre los que pesan elevadas condenas.
En el momento del intento de fuga, tan sólo un funcionario estaba de servicio en el módulo 1, en el que se inició el motín. Bastó reducirlo para acceder al núcleo central, controlar otros dos módulos y llegar al pasillo de salida, donde fueron interceptados.
Esto ocurrió el sábado, pero pudo ocurrir mucho antes en el mismo penal que albergó a célebres delincuentes como el Vaquilla, el mafioso italiano Gaetano Badalamendi o el colombiano Jorge Ochoa. Otra de las insistentes denuncias sindicales, especialmente UGT desde el año 1985, es la ineficacia de los sistemas de seguridad.
Según este sindicato, solamente funciona la televisión del pasillo de salida, mientras que el resto del circuito interior está averiado, al igual que las células de microondas, los interfonos y los sensores de puertas. Todas estas circunstancias fueron expuestas al director de la prisión un día antes del amotinamiento y ampliadas ayer al inspector general de servicios, Juan Antonio Marín.
Además del arreglo del dispositivo de seguridad, los funcionarios le solicitaron 10 detectores de metales (sólo se dispone de uno), megafonía en todos los departamentos, una matrona para cachear en las comunicaciones cara a cara, de la que carecen, aumento de 20 funcionarios en la plantilla, reducción de internos hasta un número máximo de 290, y, referido al motín, "que los participantes no sean trasladados de prisión".
Todas estas circunstancias ocurren en medio de un gran hermetismo tanto por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarías como del director del centro, Eduardo Roca. Roca, que ocupó su cargo hace seis días, manifestó ayer que aún no había tenido "tiempo material" de revisar las instalaciones para comprobar su seguridad y admitió que "siempre faltan funcionarios".
