La gratuidad del bachillerato

EL ENVÍO por el Gobierno al Congreso de los Diputados de un proyecto de ley por el que se extiende la gratuidad de la enseñanza pública a los estudios de bachillerato y de formación profesional ha venido a dar satisfacción a una reivindicación histórica: la extensión de la gratuidad de la enseñanza hasta los 16 años.La adopción de esta medida estaba prevista para el año 1988, de acuerdo con el programa del Gobierno para esta legislatura, pero las movilizaciones estudiantiles llevaron al ministro de Educación, a adelantarla en un año, incluyendo la gratuidad, por propia iniciativa, en la oferta oficial elaborada para poner término a la protesta de los estudiantes. Si el proyecto de ley es aprobado en las próximas semanas por el Congreso, millón y medio de alumnos de los centros públicos de enseñanza media se verán exentos en septiembre del pago de matrícula -unas 5.500 pesetas de media-, y otro medio millón de alumnos de centros privados se ahorrará unas 1.100 pesetas por cabeza en concepto de tasas administrativas. La extensión de la gratuidad, a la enseñanza secundaria le costará al Estado unos 6.000 millones de pesetas, equivalente a lo que deja de ingresar en concepto de tasas académicas y administrativas. Ello viene a sumarse al coste de la gratuidad de la enseñanza primaria o EGB, de la que se benefician los más de cinco millones de alumnos que la integran (centros públicos y privados concertados).

El proyecto de ley no afecta a las comunidades autónomas que tienen plenas competencias en materia de educación, que son Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, aunque es seguro que la gratuidad se extenderá a estas autonomías.

La oportunidad de la decisión ministerial, adelantando un año sus proyectos y sea cualquiera la causa que indujera este anticipo, es elogiable. Pero merece, con todo, recordarse que la política de becas y ayudas dista aún de ajustarse a los criterios de verdad necesarios para que nadie por dificultades económicas quede privado de acceder a los estudios hasta este nuevo nivel de los 16 años.

Finalmente cabe apuntar que aunque por ley -una vez aprobado el proyecto del Gobierno- la ex tensión de la gratuidad a la enseñanza- secundaria sea un derecho de todos los españoles, de hecho no todos podrán beneficiarse de ella, dada la insuficiente oferta. Muchos españoles con niveles medio-altos, que contribuyen con sus impuestos a la financiación de la gratuidad, seguirán sin poder llevar a sus hijos a los centros públicos, en virtud de las condiciones que hoy se establecen -en función de los ingresos- para optar a esas plazas. Aunque esta población constituya una minoría, tiene igual derecho a beneficiarse de la gratuidad de la escuela pública. Y no sólo porque también la financia, sino porque representa una opción ideológica que no debería ser contrariada. El esfuerzo presupuestario que deberá dirigirse más adelante en esta dirección debe estimarse, sin embargo, en atención a una adecuada política de redistribución de rentas, menos urgente que el que reclama la mejora de la calidad en la enseñanza. La formación permanente del profesorado y el aumento de dotaciones debe acabar con la situación de muchos centros in dignos de la función para la que se crearon. La gratuidad escolar no acompañada de la cualificación y actualización en los conocimientos que se imparten puede, por eso, ser un dato con circunstancial brillo político pero de escaso valor en la modernización de la sociedad española.