Caravana de camellos
LA DETENCIÓN, en una redada en las capitales de provincia en las que mayor es la incidencia de la droga, de más de 800 pequeños traficantes y consumidores, de los que-la mayoría se encuentra ya en libertad, puede considerarse como un intento de respuesta de los responsables de la seguridad ciudadana al clamor suscitado por la denuncia por parte de algunas asociaciones vecinales de la pasividad policial frente a la manifiesta actividad de los camellos. Pero también puede entenderse que se trata de una simple operación de imagen con vistas a las próximas elecciones locales.Los denunciantes presentaron ante el Parlamento datos respecto a locales y encrucijadas callejeras en los que se vendían drogas en la más absoluta impunidad, mientras que los compradores eran detenidos inmediatamente después. La redada, espectacularmente reproducida por la telivisión oficial, que sin duda fue avisada de lo que se iba a hacer, sería la demostración filmada de que tal pasividad no existe. Pero la cosa ha resultado demasiado artificial como para no pensar que en realidad'eran las imágenes televisivas, y no los camellos mismos, el objetivo perseguido.
La lucha contra la drogadicción se mueve en España desde hace años entre la demagogia y la incompetencia. La convicción de que detrás de los pequeños camellos existen redes poderosas que facturan por miles de millones, que luego blanquean en negocios respetables, y a cuyas alturas raramente alcanzan las manos de la policía, ha servido para que ciertas personas se resignen a admitir como inevitable la existencia de las pequeñas redes de explotadores de la desgracia ajena. Pequeñas redes que, de todas formas, manejan gran cantidad de dinero y que se benefician de esa inhibición de sectores influyentes en la opinión pública. No se puede seguir con el argumento de que los verdaderos responsables son otros para dejar de acometer lo que es posible hacer contra quienes venden papelinas a las puertas de los colegios.
Ahora bien, la experiencia demuestra que la necesaria acción represiva contra los pequeños traficantes no sirve para disminuir la incidencia de esta plaga contemporánea si no va unida a una política de mayor calado. Los enganchados por la heroína u otras drogas seguirán consumiéndolas, con o sin redadas. Y el anterior fiscal de la lucha contra la droga, Jiménez Villarejo, denunció que es en el terreno de la prevención donde la acción de las autoridades brilla por su ausencia, o en todo caso por su insuficiencia.
La presión social ha favorecido una cierta pérdida de orientación en las prioridades a la hora de hacer frente al problema. La necesidad de presentar estadísticas brillantes en materia de detenciones, y de restar argumentos a la oposición, ha determinado que en la práctica se atienda prioritariamente, y casi podría decirse que exclusivamente, al control -de "los escalones más próximos al consumidor" -según la fórmula de la Dirección General de la Seguridad del Estado-. Ello siempre permitirá realizar redadas retransmisibles por televisión cuando la excitación de la opinión pública, o la proximidad de elecciones, lo requiera. Así, la demagogía de unos y la fácil buena conciencia de otros sirven para ir tapando la improvisación, cuando no la simple incompetencia.
