Jueces para la Democracia considera ineficaz y de dudosa constitucionalidad la masiva redada antidroga

El secretariado estatal de Jueces para la Democracia afirma, en relación con la operación antidroga desarrollada este fin de semana, que las detenciones masivas, rodeadas en muchos casos de aparatos de publicidad, son irrelevantes en cuanto a eficacia y de dudosa constitucionalidad en cuanto a las garantías procesales de los detenidos. Jueces para la Democracia opina que el Gobierno ha desarrollado una operación de "marketing político".

Por su parte, la Secretaría de Estado para la Seguridad ha informado que la operación antidroga culminó con más de 800 personas detenidas -328 en Madrid-, de las cuales alrededor de unas 600 han pasado a disposición judicial. El resultado de las aprehensiones de droga ha ascendido a 712 kilos de hachís, siete kilos de heroína, tres de cocaína, 3.000 comprimidos de un barbitúrico llamado Roiplinol y 300 anfetaminas.El director de la Policía, José María Rodríguez Colorado, afirmó ayer que "la persecución del tráfico de drogas continuará en sucesivas operaciones como la realizada el pasado fin semana". Rodríguez Colorado añadió que, tras esta operación, "nos han criticado porque dicen que no perseguimos el gran tráfico. Antes de la operación nos decían que sólo íbamos a por el gran tráfico y no hacíamos nada por evitar el pequeño. No digo que todo se haga con absoluta eficacia, lo único que pretendemos es mejorar la lucha antidroga".

Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, anunció ayer en Alicante la próxima aprobación por el Consejo de Ministros de un decretoley por el que se reorganizará la fiscalía especial antidroga. Un fiscal jefe en Madrid coordinará la actividad de todos los fiscales especiales de todas las audiencias provinciales, lo que obligará a incrementar la plantilla, informa Joaquim Genís.

El secretariado estatal de Jueces para la Democracia entiende que Ias detenciones masivas de más de 700 ciudadanos [la cifra de detenidos es de 800 según la policía], rodeadas en muchos casos de un impresionante aparato de publicidad, constituyen una operación policial que, desde el plano de la eficacia, debe calificarse de prácticamente irrelevante (a la vista de la notoria desproporción entre medios empleados y droga aprehendida) y que, desde el plano de las garantías procesales, debe considerarse dificilmente compatible con lo prevenido en el artículo 17-1 de la Constitución (que constitucionaliza la observancia de la formaen que deben practicarse las detenciones) y con el artículo 520-1 de la ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto exige (en coherencia a su vez con el artículo 18 de nuestro texto constitucional) que las detenciones se practiquen en la forma que menos perjudique al detenido... en su persona y reputación".

"Al propio tienipo", añaden, es evidente que las diligencias policiales en que no se respetan de manera escrupulosa los derechos de las personas a quienes afectan, al ser necesaria y legítimamente revisadas por la autoridad judicial, pueden de hecho dar lugar a que se frustren las expectativas de eficacia falsamente creadas, incrementando la interesada y artificiosa tensión institucional entre jueces y policías".

Jueces para la Democracia comparte "la opinión de quienes lamentan que frente al poblema social y criminal de la droga se apueste por esta clase de acciones, más propias de una operación de 'marketing político', que de aquella respuesta en profundidad que todos los ciudadanos tenemos derecho a esperar de los poderes públicos".