Episodíos nacionales en Cataluña

Uno de los grandes puntos de acuerdo entre las diversas fuerzas políticas catalanas bajo el franquismo y en los inicios de la transición era el rechazo de la división del territorio de Cataluña en provincias y la reivindicación de una nueva organización territorial que superase el uniformismo impuesto por el centralismo tradicional y partiese de las nuevas realidades económicas, sociales y demográficas. Aquella voluntad común se plasmó en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, textos ambos que, pese a la limitación que suponía la subsistencia de las provincias, sentaban las bases para una nueva ordenación territorial. Han pasado unos años y en estas últimas semanas Convergéncia i Unió ha utilizado su mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña para imponer una organización territorial que ha destrozado aquella inicial voluntad común. Aparte del conflicto generado en Cataluña, creo que todos deberíamos meditar sobre lo ocurrido, porque es un ejemplo de cómo se gobierna un país más allá de la retórica nacionalista.Los ejes principales de las cuatro leyes impuestas por la mayoría absoluta de CiU y conocidas con la sigla genérica de LOT son la creación de 38 comarcas, la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona y la regulación de la autonomía municipal. El resultado global es la complicación administrativa, el caos organizativo y la limitación de la autonomía de los ayuntamientos. Basten dos ejemplos para demostrarlo.

La Cataluña actual tiene poco que ver con la de la II República, pero las 38 comarcas que se han creado son las mismas que se definieron entonces. Nadie sabe cuál va a ser su funcionalidad ni su coste; ningún criterio técnico las avala. Estas 38 comarcas no sustituyen a las diputaciones provinciales, sino que se superponen a ellas. Y aunque la LOT expresa el propósito de que en el futuro Cataluña se convierta en una sola provincia, el hecho es que por ahora subsisten las cuatro. Por lo demás, es dudoso que la provincia única sea lo más conveniente para Cataluña, y lo cierto es que si las provincias desaparecen se recrearán de otra manera, bajo la forma de regiones o veguerías. Y en todo caso, nadie ha pedido la opinión al respecto de los ciudadanos de Tarragona, Lérida y Gerona. Pero aun suponiendo que la reivindicación de la provincia única acabe saliendo adelante, pese a todos los interrogantes, será, como todo el mundo reconoce, en un futuro bastante lejano. Por consiguiente, el resultado concreto, visible e inmediato de la, nueva ordenación territorial es que subsiste todo lo que ya existía y se crean además 38 comarcas. Y si se tiene en cuenta que en cada comarca habrá un gerente de nombramiento político que ejercerá de hecho la dirección ejecutiva y administrativa, el resultado será -para decirlo de manera más gráfica- que en vez de los cuatro gobernadores civiles que existían hasta ahora tendremos 42.

El segundo ejemplo es el de la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona. El núcleo municipal de Barcelona en sentido estricto, es extremadamente reducido y no respon de a la situación real de la conurbación barcelonesa. La Corporación Metropolitana tenía, sin duda, serios problemas de estructura y de representación pero era un instrumento precioso para abordar, debidamente reformada, los complejos problemas que plantea el desarro llo y la planificación de un núcleo urbano como el de Barcelona y su entorno.

Pues bien, el Gobierno de CiU la ha hecho desaparecer y la ha sustituido por dos entidades (una, de transportes, con 18 municipios, y otra de servicios hidráulicos y tratamiento de residuos, con 32 municipios), dejando en rnanos del propio Gobierno de la Generalítat la cuestión clave del urbanismo. Si a ello añadimos que los municipios integrantes de la corporación decidieron con anterioridad crear una mancomunidad para gestionar lo que estas leyes dejan fuera, tendremos que en el territorio de lo que hasta ahora era la Corporación Metropolitana existirán los siguientes organismos, cada uno con sus propios órganos de dirección y con ámbitos espaciales distintos: el Gobierno de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y los demás ayuntamientos implicados, la Diputación de Barcelona, las comarcas, las dos entidades metropolitanas ya citadas, la mancomunidad, también citada, y, naturalmente, la Administración periférica del Estado. Todo ello en un territorio que viene a ser la mitad del municipio de Madrid y con una población sensiblemente igual a la de éste.

En esto se ha convertido pues, aquella gran aspiración política del conjunto de las fuerzas políticas catalanas. En vez de simplificación, complicación En vez de ordenación, caos. En vez de eficacia administrativa, clientelismo. En vez de adecuación a las nuevas realidades de Cataluña, arbitrismo. En vez de consenso, prepotencia partidista.

Se me dirá que, en definitiva, esta ordenación territorial ha sido aprobada por una clara mayoría parlamentaria y que esto es la democracia. Cierta mente es así, y nada hay que ob jetar desde un punto de vista formal. Pero en Cataluña no sólo hay esta mayoría. El 80% de la población catalana vive hoy en municipios gobernados por la izquierda, entre ello Barcelona y las otras tres capitales de provincia. Todos los ayuntamientos de la suprimida Corporación Metropolitana de Barcelona se han mostrado contrarios a esta supresión. Y esto también es voluntad democrática.

Lo que hay detrás de esta caótica decisión es muy simple, y el propio presidente, Jordi Pujol, lo ha expresado con gran claridad: se trata de aprovechar la actual mayoría parlamentaria para destruir todo lo que pueda hacer sombra al Gobierno de CiU y para controlar por vía administrativa lo que no puede gobernar por vía electoral. A través de las comarcas y sus gerentes, por ejemplo, ClU pretende controlar la Cataluña industrial y desarrollada donde ella es sistemáticamente minoritaria. Con la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona pretende controlar la planificación urbanística de la zona. Con la ley municipal quiere imponer su tutela sobre unos ayuntamientos en los que está políticamente en minoría. Y eso es todo.

Ocurre, sin embargo, que todo esto se justífica en nombre del interés nacional de Cataluña. El propio presidente Pujol ya ha denunciado por anticipado como un atentado contra ese interés nacional el posible recurso de inconstitucionalidad contra la LOT que pueda presentar el Gobierno central, el único que está realmente en condiciones de presentarlo, pues en Cataluña CiU tiene la mayoría suficiente para bloquear cualquier iniciativa en este sentido. Una vez más se utiliza el viejo recurso del adversario exterior para cerrar el círculo.

El episodio es una ilustración casi perfecta de lo que hay realmente detrás de este nacionalismo. Pero también es una demostración de que la autonomía por sí misma no garantiza una mayor democracia ni una mayor transparencia, y que, por consiguiente, la construcción de las autonomías no es sólo un problema de competencias, sino también una batalla por la democracia en cada una de ellas. Lo ocurrido va a crear muchos problemas en Cataluña, pero por lo menos tiene la virtud de aclarar las cosas. Con su brutal simplicidad, la decisión del presidente Pujol, de su partido y de su Gobierno demuestra que detrás de sus invocaciones al interés nacional de Cataluña no hay más que unos intereses de grupo muy concretos. La batalla política inmediata pasa por hacer comprender esto a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.