Quién paga la huelga

CERCA DE medio millón de usuarios de los transportes públicos se vieron ayer paralizados por la masiva huelga observada por las tres grandes compañías públicas del transporte: Renfe, Iberia y Aviaco. El conflicto tiene su origen en las negociaciones del convenio y se produce en monopolios estatales que vienen arrastrando fuertes pérdidas de antiguo, como es el caso de Renfe, o en otros que sólo en 1986 han comenzado a producir beneficios contables, como Iberia y Aviaco. Hay que añadir que en estas dos compañías, los resultados obtenldos -unos 750 millones de pesetas en cada una- se deben fundamentalmente a causas externas a la gestión, como son la baja del precio del queroseno y la reducción de los tipos de interés, y todavía es pronto para saber si se consolidarán en los ejercicios venideros.La huelga es un derecho incuestionable. Pero cuando se ejerce, como ahora, para arrancar subidas salariales por encima del 5% acordado por el Gobierno para el sector público, parece de dudosa oportunidad el recurso a un arma tan contundente. Se maltrata por doble vía al ciudadano: como contribuyente y como usuario. Como contribuyente, se echa sobre sus espaldas la financiación de esa demanda salarial, que irá a engrosar el capítulo de pérdidas subvencionadas por el erario público. Como usuario, el contribuyente debe soportar en la indefensión más absoluta las incomodidades de un deficiente e incluso nulo servicio que hoy por hoy se financia a costa de su bolsillo. Por eso resulta legítimo plantear la necesidad de que en los sectores públicos deficitarios se utilice con la máxima prudencia y con razón sobrada el arma de una huelga que se vuelve contra otros derechos igualmente legítimos de los ciudadanos.

No obstante, el hecho de que la huelga haya sido seguida por amplia mayoría tanto en Renfe como en Iberia y Aviaco demuestra el convencimiento de los trabajadores de la oportunidad de sus reivindicaciones. Ello debería hacer reflexionar a los responsables de estas empresas estatales sobre la necesidad de ensayar nuevas vías de negociación. En Renfe, este camino no es fácil después de los más de 200.000 millones de pesetas de pérdidas registradas en 1986. Pero en el caso de Aviaco, la congelación de los salarios de sus trabajadores durante los tres últimos años y los beneficios cacareados por la empresa colocan a éstos en una posición mejor para negociar.

Los gestores públicos saben que las huelgas del transporte son, con razón, impopulares, y nos hacemos la pregunta de si no se encogen demasiadas veces de hombros ante las amenazas sindicales. Y aunque hay un abuso político -especialmente por las fechas escogidas para las movilizaciones, coincidentes con períodos vacacionales- por parte de los sindicatos que llaman a estas huelgas, no conviene olvidar el abuso de estos dirigentes de la empresa pública que nos tienen ya acostumbrados a su incapacidad recurrente para negociar convenios sin que se generen situaciones de este género.

En todo caso, el respeto de los servicios mínimos establecidos da a la huelga de ayer una dimensión civilizada, cuya ausencia se había hecho notar fuertemente en ocasiones parecidas. Es de esperar que en futuras huelgas del transporte, ya anunciadas, los servicios mínimos se establezcan con criterios y objetivos más racionales que hasta ahora. Ni pueden obligar prácticamente a todos los trabajadores, como arbitrariamente decidió la Administración en otras ocasiones, ni tampoco pueden ser reducidos a una ridícula expresión en interés de los huelguistas.