La Junta de Castilla y León asegura que el centro nuclear de Salamanca no será peligroso

La falta de información sobre una instalación piloto experimental subterránea (IPES) que pretende construir en el oeste de Salamanca la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha provocado una polémica cada vez más extensa e intensa que envuelve ya a la Junta de Castilla y León. Ayer, ante las Cortes regionales, el consejero de Fomento, Juan Antonio Lorenzo, aseguró que las instalaciones no supondrán ningún riesgo para la zona.

Lorenzo utilizó en el Parlamento regional los argumentos que está manejando Enresa y dijo que en Aldeadávila de la Ribera lo que se pretende es crear un laboratorio en el que se experimentará el comportamiento del granito con residuos radiactivos. Hoy, Enresa mantendrá la primera reunión con los alcaldes para informarles sobre el IPES.En Salamanca, mientras tanto, partidos políticos de todo signo, ayuntamientos y ciudadanos de la provincia hablan de cementerio nuclear. Enresa asegura, por otra parte, que había presentado el proyecto al anterior consejero de Industria, Dativo Martín, en mayo del año pasado, pero Juan Antonio Lorenzo, actual responsable del departamento, afirmó ayer en las Cortes que él lo ha conocido en enero de este año. La CE concedió al proyecto una subvención de 700 millones de pesetas en noviembre de 1986.

El Plan Nacional de Residuos establece que Enresa deberá proponer varios emplazamientos posibles para almacén de residuos en 1999. Por este motivo uno de los objetivos de la empresa -que empezó a funcionar a finales de 1985- fue la creación de un IPES que estudiara el comportamiento del granito. Presentó el proyecto a la CE para obtener una subvención que consiguió en noviembre a través de la Dirección General de Ciencia Investigación y Desarrollo, aunque aún carece de la firma oficial.

De acuerdo con la información facilitada por Enresa, se trata de un proyecto experimental que se desarrollará a lo largo de 15 años, en tres fases, y que sólo en la tercera utilizará isótopos de baja actividad recuperables, similares a los que se utilizan en hospitales. De momento, la primera fase costará 2.000 millones de pesetas y se había previsto entre 1986 y 1989.

El emplazamiento es el término de Aldeadávila de la Ribera, en terrenos pertenecientes a Iberduero, donde existe un macizo granítico de gran importancia. Este lugar se encuentra al noroeste de la provincia, junto a Portugal y Zamora. Además, en su documentación, Enresa incluye el compromiso, "la garantía", según la expresión facilitada por un portavoz de la empresa, de que la instalación destinada a laboratorio no se convertirá en almacenamiento de residuos y que la decisión de elegir el lugar definitivo del cementerio se tomará más adelante. Otros proyectos similares con minerales diferentes se realizan ahora en Bélgica y Alemania.

Pero de todo esto no se había sabido nada en Salamanca hasta mediados de febrero de este año. La ejecutiva provincial del partido socialista ha sido la última organización que ha pedido que se paralice el proyecto. Antes lo habían hecho ya los alcaldes y concejales, socialistas, populares o independientes, de 52 pueblos de las comarcas de Vitigudino y Ledesma.

Ayer, un senador de Alianza Popular insistía en Salamanca en que contaba con documentos portugueses en los que se considera paralelo el proceso de elección de emplazamiento del cementerio con el funcionamiento del laboratorio.