32 millones de embargo para cubrir 6.000 de indemnizaciones
El juzgado que investigaba el síndrome tóxico dictó auto de procesamiento el 15 de julio de 1981 contra los principales implicados, y les fijó una fianza solidaria de 6.000 millones de pesetas para hacer frente a las responsabilidades civiles. A los siete acusados con supuesta mayor implicación sólo se les han conseguido embargar en total bienes por valor de 32 millones.El juzgado embargó a Enric Salomó propiedades valoradas en 3.735.000 pesetas, que corresponden al apartamento de Cambrils donde fue asesinada su esposa y a 50 acciones de la empresa Tarragó Dochs. El valor de lo embargado a los hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea asciende a 15 millones de pesetas, 13 de los cuales corresponden a bienes inmobiliarios; el resto son acciones.
A Tomás Baviera Muñoz se le embargó una parte de una finca de Torrente (Valencia), una plaza de garaje y dos vehículos, valorado todo ello en 1.200.000 pesetas
El juzgado no embargó, no obstante, las acciones de Envasadora Levantina, valoradas en 6.415.000, porque no cotizan en bolsa, ni un local comercial en Torrente que había vendido meses antes de que se dictara la providencia de embargo. A su hermano Agustín Baviera sólo se le ha embargado un vehículo Mercedes Benz 280, valorado en 2.900.000 pesetas.
El juzgado embargó a Ramón Ferrero bienes mobiliarios valorados en 3.200.000 pesetas, una camioneta peritada en 400.000, y unos muebles cuyo valor no se especifica. A su hermano Elías se le embargó el piso y una parcela de Alcorcón (Madrid), así como una planta baja situada en el barrio de Canillejas, tasado todo ello en 5.650.000 pesetas.
Los embargos de los bienes de los implicados en el sumario de la colza han provocado todo tipo de suspicacias, ya que se considera que las cantidades son ridículas si se tiene en cuenta la importancia económica de las empresas afectadas.
Algunos acusadores consideran que la falta de celeridad con que actuó el juzgado al ejecutar los embargos permitió que muchos implicados pudieran efectuar importantes modificaciones en su patrimonio.
Algunas de las operaciones realizadas por los implicados poco antes de dictarse los procesamientos y de exígírseles fianza han sido ya investigadas, llegándose incluso a abrir en el caso del aceitero Ramón Alabart, de Reus (Tarragona), un procedimiento penal por presumirse un alzamiento de bienes. Este sumario fue sobreseido recientemente.
El abogado querellante Ignacio Uriarte asegura que el problema de los embargos es una cuestión pendiente que "habrá que investigar con lupa".
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