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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

'La Pepa'

El nacimiento de la democracia en España tiene una fecha asignada, más por costumbre que por minucioso estudio de la cuestión, el 19 de marzo de 1812, promulgación de la primera Constitución que ha tenido nuestro país. En medio de esta marabunta de desorganización y absurda polémica, que aún estamos viviendo, con motivo de los 175 años de la entrada en vigor de la Pepa, nadie se ha acordado de pensar en otro paso capital para la implantación de la democracia en España, dado año y medio escaso antes, precisamente por los mismos parlamentarios que redactaron la Constitución de Cádiz, la primera ley de libertad de expresión que hemos tenido los españoles.A cualquiera le parece lógico que, una vez en marcha todo el proceso constitucionalista español, desde la primera reunión de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, en Aranjuez, el 25 de septiembre de 1808, los representantes de la soberanía popular hubiesen empezado por debatir, discutir, redactar y promulgar la Constitución, en la que se consagra el principio de libertad de expresión y luego desarrollarlo. -Los primeros parlamentarlos españoles obraron con más sentido común. Se reunieron por vez primera el 24 de septiembre de 1810 en la iglesia de la gaditana Isla de León -San Fernando-, para poner los cimientos de un sistema democrático y de libertades. Unos días después de los iniciales preparativos y puesta a punto del sistema de trabajo, el 14 de octubre se leyó el dictamen de la Comisión de Imprenta de las Cortes, en cuya sesión fue famosa la defensa que del mismo hizo Diego Muñoz Torrero. Apenas un mes más tarde, el 10 de noviembre de 1810, se promulgó el Decreto de Libertad de Imprenta, primera vez que en España se fijaba una norma que regulaba la libertad de expresión. Era absoluta la que concedía ese decreto, hasta el punto de que no existía ningún tipo de censura previa, a excepción de la eclesiástica, y para los escritos sobre temas religiosos. Y no había más ley que la ordinaria para los delitos de imprenta. En el mismo decreto se creó la Junta Suprema de Censura, cuya actuación sería a posteriori, por denuncias que le llegaran y no por propia iniciativa, ni antes de que la publicación estuviera en la calle.

Los primeros parlamentarios que hubo en España obraron con una impresionante sensatez y con una fortísima carga de prudencia y realismo. Primero era poner el cimiento para que cada representante del pueblo se expresara como quisiera, y después ya habría tiempo para articular derechos y deberes. Claro está que esta alegría duró poco, pues a los tres años y medio llegó el primer hachazo, el decreto de Macanaz de 4 de mayo de 1814, que suprimió la libertad de imprenta e impuso la censura previa, y, muy poco después, Fernando VII restableció la Inquisición, el 21 de julio de 1814.

Hoy nadie se acordó de conmemorar la Pepa, empezando por los cimientos de aquel edificio y de la democracia, el principio de libertad de expresión, consagrado por ley por los mismos que hicieron la Constitución de 1812. Parece que en este momento no interesa tener esto en la memoria-

. Periodista. .

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