19 policías que tienen abiertos expedientes por torturas no han sido nunca suspendidos en sus funciones

El Ministerio del Interior no ha suspendido en sus funciones a 19 policías que tienen abiertos expedientes por supuestas torturas o malos tratos dados en comisarías españolas, según se desprende de un informe de la Dirección General de la Policía (DGP) que contiene datos desde enero de 1983 -un mes después de la llegada de José Barrionuevo a la dirección del Ministerio del Interior- hasta la actualidad. Uno de estos funcionarios policiales acumula en este tiempo tres expedientes por dos supuestos delitos de malos tratos y otro de lesiones a un detenido. Fuentes de Interior señalaron que "en el próximo reglamento policial, los malos tratos o torturas ¡levarán consigo la posibilidad de separación del servicio".

Desde la llegada del PSOE al poder, la Administración ha abierto 34 expedientes por malos tratos o torturas a detenidos supuestamente infligidos por 31 policías, de los que sólo ocho han sido procesados, mientras que los 23 restantes permanecen en la actualidad en activo. De éstos últimos, 19 nunca fueron suspendidos de funciones y los otros cuatro lo fueron provisionalmente.Entre estos últimos destaca el inspector Héctor de Aragón Molla, quien acumula tres expedientes abiertos. El 7 de febrero de 1983 se le abrió el primer expediente "por un presunto delito de malos tratos" a un detenido, cuando el funcionario estaba adscrito a la comisaría de Éibar (Guipúzcoa), según el mencionado informe de la DGP. Fue suspendido de funciones, aunque en agosto de ese año se reincorporó al servicio, pese a que su expediente aún no se ha cerrado.

En julio del año pasado, la DGP abrió otra información a este agente -aunque con carácter de "reservada" -en virtud de una denuncia "de presuntas lesiones a una persona", cuando Héctor de Aragón se encontraba destinado en la comisaría de Maspalomas (Tenerife). Un mes después se archivó provisionalmente el expediente. En septiembre pasado, la Administración abrió otra información -que se encuentra igualmente sin cerrar- al mismo inspector por -'presuntos malos tratos" a otro detenido también en Maspalomas, siempre según el mencionado informe. En este caso tampoco se suspendió de servicio al inspector.

Otro agente, el inspector Juan José Baena Rodríguez, acumula en la actualidad dos expedientes abiertos y, nunca ha sido suspendido de funciones por estos hechos. En septiembre de 1984, la DGP procedió a la apertura de uno de ellos a este agente "por presuntos malos tratos a un detenido". En febrero de 1985, se le abrió otra información por "presuntas lesiones" a otro detenido.

El resto de policías con expedientes abiertos y no suspendidos de empleo y sueldo se encontraban destinados, cuando ocurrieron los hechos, en las comisarías de Las Palmas, Parla (Madrid), Maspalomas (Tenerife), Getafe (Madrid), Huelva, Gijón (Asturias), así como a las Jefaturas de Policía de Madrid y Granada. En la comisaría de Melilla, al inspector Salvador Ros González se le abrió un expediente por "presuntos malos tratos". Ros González no fue suspendido de funciones, pese a que el expediente fue cerrado y la DGP consideró que el agente había cometido una falta grave al practicar tratos denigrantes o vejatorios a la persona detenida, Se le sancionó con cinco días sin sueldo.

Asimismo, entre los 35 expedientes abiertos desde 1983, existen dos que corresponden al mismo número de agentes que, pese a que fueron procesa dos judicialmente, no fueron suspendidos de funciones hasta fechas recientes. Se trata de los agentes uniformados José María Galán Cano y Valentín Muñoz Valverde, quienes en noviembre de 1984 fueron autores de "presuntos malos tratos y amenazas a una persona". En marzo de 1985, la autoridad judicial dictó auto de procesa miento contra ellos. Hasta enero de este año la DGP no les abrió un expediente.

Existen otros procesados que han sido suspendidos de funciones, como los inspectores Amador Miralpeix y José Manuel Ortiz (por presuntas torturas al policía nacional José Manuel Castán, quien falleció posteriormente); el comisario Francisco Javier Fernández Alvarez y los inspectores Francisco Aguilar González, Miguel Ángel Lebrón Díaz-Flor -quien fue condecorado por la DGP-, Gonzalo Álvarez Fernández, Felipe Pindado Berruezo y José María Pérez Gutiérrez (caso El Nani).

Por su parte, fuentes de Interior señalaron ayer a este periódico que "una cosa son las denuncias de malos tratos y otra cosa las demostradas". Asimismo, añadieron, que "una cosa son los, expedientes abiertos y otra los ya concluidos" y se remitieron al caso del policía uniformado Antonio Gómez Portela, adscrito a la comisaría de Monforte de Lemos (Lugo), que no fue suspendido de funciones y que fue absuelto judicialmente de una acusación de malos tratos.

Revisión de los expedientes

Estas fuentes añadieron que el actual reglamento policial, cuya última modificación fue realizada en 1984, considera los malos tratos como "falta grave" y reserva sólo a las "muy graves" la suspensión de funciones. El actual proyecto de reglamento, que se encuentra en fase de borrador, considera las torturas o malos tratos como faltas muy graves, "con lo que se podrá separar del servicio a agentes que incurran en estas prácticas". Estas fuentes añadieron que todos los casos mencionados en el informe de la DGP están siendo revisados.

Por otro lado, el Centro Democrático y Social (CDS) presentará una pregunta en el Parlamento al ministro del Interior sobre el mantenimiento en el servicio de agentes que tienen abiertos expedientes por torturas.