La policía francesa maneja una lista de 60 miembros de ETA sobre los que pesa orden de expulsión inmediata

Los nombres de la quincena de refugiados entregados por la policía francesa en las últimas dos semanas forman parte de una lista de 60 sobre los que pesa una orden de detención y expulsión inmediata. El acoso policial es tal, según los refugiados, que no sólo no se duerme cada día en la misma casa, sino que incluso la compra del pan, la leche o de los alimentos básicos se ha convertido en una operación arriesgada que se encarga a personas ajenas a la propia comunidad.

En las viviendas de los refugiados se han transformado en dormitorios de literas, donde se producen situaciones de hacinamiento y los bares de Hendaya, Bayona, Biarritz, San Juan de Luz, se encuentran desiertos a esa hora de la tarde en que los ciudadanos franceses preparan la cena o se acomodan ante el televisor.La mayoría de los últimos entregados eran residentes refugiados hace muchos años y poco o nada relacionados con las actividades de ETA Militar en Francia, según constatan todas las fuentes consultadas. Buena parte de ellos disfrutaban de una situación legal y de permiso de trabajo e incluso dos de los expulsados disponían de pasaporte y cruzaban regularmente la frontera.

Algunas fuentes señalan que el relanzamiento de la política de expulsiones guarda una estrecha relación con la reciente cumbre hispano-francesa pero otras, sin descalificar esta interpretación, subrayan que París se ha propuesto impedir el asentamiento en el País Vasco francés de una comunidad de 800 personas cohesionadas por los objetivos Políticos que pueden llegar a ejercer una gran influencia en una población de 200.000 personas.

Se apunta que en un diseño ideal de círculos concéntricos que reflejen la mayor o menor implicación de los refugiados con ETA, desde el comité ejecutivo hasta la gente distanciada de la organización, la mayoría de los últimos entregados formaría parte del último circuito.

El alcalde de Hendaya, militante del PSF, Raphael Lassalette, se muestra asombrado por la reciente expulsión de tres viejos residentes de Hendaya, que dirigían actividades culturales subvencionadas por el ayuntamiento. Lassalette indica que hay ciudadanos franceses que aplauden estas expulsiones, pero que otros que antes se mostraban conformes han empezado a cuestionar ahora la política de entregas a la vista de la forma indiscriminada con que se aplica. "Ya sabemos que a muchos los han puesto en libertad al llegar a España, pero el problema", señala, "reside en que los expulsados ya no pueden volver legalmente a Francia".

La abogada vascofrancesa Christiane Fandó mantiene que el objetivo de esta nueva campaña, "surgida de la luna de miel que han vivido ambos gobiernos con la visita de Mitterrand y Chirac" busca debilitar a la comunidad de refugiados, crear tensiones, dividirlos y en última instancia arrepentidos a la fuerza, obligarles a regresar porque saben que no volverían de manera voluntaria". A su juicio la situación de la, comunidad de refugiados es actualmente gravísima: "todo puede pasar", indica, "ellos están indefensos y en total inseguridad administrativa".

La frase: "es mejor estar encarcelado en casa que en Carabanchel" surge estos días en los comentarios de los refugiados, que sólo se sienten relativamente seguros en sus viviendas, donde la policía francesa, que no dispone de mandatos judiciales, no puede ejecutar las órdenes de detención y expulsión.

[Por otra parte, a las once de la noche de ayer hizo explosión un artefacto de mediana potencia en la empresa de informática NCR de San Sebastián, que no ocasionó victimas, informa Europa Press. Asimismo, la policía francesa estableció ayer en la frontera de Irún una rigurosa "operación filtro" con motivo del homenaje convocado en Bayona a Txomin, intorma Efe].