El caos sanitario

"ESTAMOS PREPARADOS para la guerra". Esta sentencia del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) resume, además de la actitud beligerante de estos profesionales, el estado de excepción en que se encuentran cientos de miles de pacientes internados en hospitales públicos y que sufren las consecuencias de las huelgas: partos mal atendidos, enfermos en espera de urgente hospitalización, servicios que no funcionan y un ambiente de abandono en los centros, cuyo personal parece más preocupado por sus reivindicaciones que por los efectos que podrían derivarse para los enfermos.La demora en solucionar los conflictos, en los que se cruzan protestas de carácter salarial y profesional junto con quejas por las deficiencias materiales para practicar la medicina, anuncia una cadena de huelgas iniciada ayer y con el apoyo de distintas organizaciones. Con ello pueden quedar semiparalizados casi todos los hospitales de la Seguridad Social y provocar consecuencias graves:

En la protesta médica se mezclan diversas motivaciones, no todas admisibles. Junto a los grupos de profesionales de la sanidad preocupados por la calidad de la atención que prestan e inquietos por su situación laboral, el sector más corporativista de la clase médica aprovecha el revuelo para intentar afianzar sus privilegios. El estado de la sanidad española justifica la irritación general. Pero no es posible ignorar que entre los causantes del deterioro se encuentran precisamente cientos o miles de médicos que no cumplen o cumplen mal, abusan de privilegios, compatibilizan situaciones inadmisibles, sienten un apego memorable a su condición de funcionarios vitalicios y deshonran con su actitud la postura honesta de otros muchos miles de compañeros.

La propuesta que la Administración sanitaria ha hecho para afrontar los conflictos a base de un nuevo modelo retributivo, y una nueva organización de los hospitales públicos ha sido un fracaso. Y, sin embargo, no era tan descabellada. La opción por gestores cualificados de los hospitales estaba más que justificada, porque no es razonable que la administración de instituciones. que a menudo controlan presupuestos de miles de millones de pesetas sea dejada en manos de médicos que, por solventes que sean en su profesión, carecen de los necesarios conocimientos económicos. E históricamente así lo han demostrado. Una reforma hospitalaria racional pasa por la pérdida de poder político de la clase médica y por su orientación hacia el saber científico y la atención sanitaria. Pero también es cierto que la específica naturaleza de la salud pública requiere que su gestión tenga en cuenta criterios no sólo de rentabilidad técnica o financiera. Es en ese terreno donde la reforma de Lluch fracasó y donde el buen gestor que es García Vargas amenaza con estrellarse.

Los hospitales deberían contar con un órgano de control que realmente ejerciera, esas funciones, con capacidad para determinar las opciones elegidas y no sólo, como ahora ocurre, para sancionar a posteriori las decisiones ya adoptadas. En la sanidad española hay una gran dosis de despilfarro que resultaría inadmisible en cualquier otro campo de actividad. Su superación no puede hacerse mediante criterios estrictamente financieros, pero es ingenuo también pensar que el poner coto al despilfarro, la corrupción, la desorganización y el caos no genera tensiones y lesiona intereses.

En toda Europa se tiende a reducir la participación de los gastos de sanidad en el conjunto de presupuestos de los servicios sociales. En la Comunidad Europea, la sanidad supone actualmente, como media, el 8% o 9% del producto interior bruto, lo que indica una reducción respecto a períodos anteriores. Sin embargo, estas cifras no son comparables con España, donde apenas alcanza el 5%. Esa política de austeridad no es exclusiva del poder central, sino que la comparten las comunidades autónomas a las que se han tras pasado estas competencias. En un mundo de recursos escasos, es claro que la asignación de éstos en materia de sanidad no será siempre la óptima, pero un Gobierno socialista está obligado a hacer un esfuerzo presupuestario en ello.

Reconocer las deficiencias de la sanidad pública y lo mermado de su presupuesto no equivale, empero, a dar la razón a los médicos en huelga. Es imposible dársela. En primer lugar, porque ellos son corresponsables de estas deficiencias. En segundo, porque la sociedad española está representada democráticamente en el Parlamento para ejecer el control de los presupuestos del Estado y no es lógico que éste se pretenda hacer mediante la presión callejera. Por supuesto, no negamos el derecho que ampara a los protagonistas de laprotesta, pero expresamos nuestra disconformidad con ellos.

Una hueIga de estas características es también, y en toda su justeza, una huelga política que defiende intereses corporativos disfrazados de preocupación social. Detrás de ella es posible y necesario vislumbrar otros motivos -no menos justificados- de protesta ante la pasividad gubernamental o el monolitismo de la situación. No decimos que no haya muchos y muy buenos médicos preocupados por el estado de la sanidad, pero es cierto que los únicos que no pueden hacer huelgas son los enfermos y que es injusto hacer pagar a la sociedad un precio todavía aún mayor del que ya sufre en el campo sanitario.

Al Gobierno se le puede y se le debe echar en cara su ineptitud y su falta de voluntad política para haber llevado a cabo el cambio en la sanidad. A los médicos funcionarios se les debe y se les puede recordar que su propia estructura de intereses y su representación colegiada, hasta hace bien poco, han imposibilitado, boicoteado y enrarecido ese cambio. No va a mejorar la imagen de la clase médica con esta huelga. No puede hacerlo. El respeto al juramento hipocrático está ausente en un conflicto en el que nadie se quiere quedar atrás en la protesta y del que los únicos que no van a sacar nada en claro son los ciudadanos españoles.