El Gobierno británico pretende minar el poder de los sindicatos

El Gobierno conservador de Margaret Thatcher ha anunciado el envío al Parlamento de una nueva ley de relaciones laborales, que, con el pretexto de proteger los derechos individuales de los trabajadores, terminará con los últimos vestigios de poder político de los sindicatos británicos. Las partes sustanciales de la nueva ley, la cuarta medida legislativa sobre relaciones laborales desde la llegada de la señora Thatcher al poder, en 1979, fueron reveladas el martes en la Cámara de los Comunes por el ministro de Empleo, Kenneth Clarke, al anunciar la publicación de un libro verde sobre reforma sindical.

La nueva andanada conservadora contra los sindicatos está totalmente en línea con las promesas hechas por Margaret Thatcher durante su campaña electoral de devolver el poder sindical a los afiliados. La aspiración máxima de los conservadores es que los sindicatos británicos, uno de los mayores grupos de presión política hasta 1979, dejen de ser un factor determinante en la lucha por el poder en el Reino Unido y asuman el papel profesional de los sindicatos norteamericanos y japoneses.

Como consecuencia de las tres leyes de relaciones laborales y reforma sindical, aprobadas en 1980, 1982 y 1982, la influencia de los sindicatos ha decaído considerablemente, hasta el punto de que los mineros primero y los tipógrafos después han perdido por primera vez en la historia sus respectivos conflictos colectivos después de más de un año de huelga.

La legislación que se propone, cuyo envío al Parlamento dependerá de la fecha en que se convoquen las próximas elecciones generales, supondrá, caso de aprobarse por las cámaras, el tiro de gracia para el poder político de los sindicatos.

Sindicación obligatoria

Entre sus medidas más radicales se encuentra la supresión de la legendaria closed shop o sindicación obligatoria, lo que permitirá a las empresas la contratación de personal independiente y no afiliado a ningún sindicato y el establecimiento de un ombudsman o comisario de relaciones sindicales para, entre otras cosas, asesorar a los afiliados en sus posibles acciones legales contra sus sindicatos.De acuerdo con el libro verde, la futura legislación hará obligatorias las elecciones secretas por correo para renovar la cúpula sindical. Todos los presidentes y secretarios generales sindicales tendrán que someter sus cargos a reelección cada cinco años. Uno de los líderes que se verá afectado por esta medida, caso de prosperar en el Parlamento, es el dirigente del sindicato minero, Arthur Scargill, nombrado presidente prácticamente vitalicio hasta el año 2003.

La nueva legislación permitirá que los afiliados a un sindicato crucen una línea de piquetes y trabajen sin temor a represalias por parte de su sindicato aun en el caso de que se haya declarado una huelga en dicho lugar. Igualmente, cualquier afiliado a un sindicato tendrá derecho en cualquier momento a examinar la contabilidad de dicho sindicato.

En la presentación a los Comunes del libro verde, titulado Los sindicatos y sus miembros, Clarke manifestó que la legislación propuesta suponía "otro paso para reforzar los derechos de los individuos y la capacidad de ejercitar esos derechos", afirmación no compartida por la oposición laborista, para la que la nueva legislación constituye "un acto mezquino y vengativo" contra los sindicatos.