Los beneficios de Banesto en cinco años equivalen al 50% de los intereses cargados a Coca
Los beneficios que repartió Banesto entre los años 1979 y 1983 se compusieron, en un 50%, de los intereses cargados a Ignacio Coca, el financiero que se suicidó el pasado mes de junio, en el mismo período de tiempo. Repasando las memorias de Banesto de estos años, se observa que hay una escasa provisión de fondos para fallidos en relación con la cartera de créditos. Estas afirmaciones se contienen, según fuentes cercanas a la familia Coca, en la ampliación de la querella contra altos cargos de Banesto por el presunto delito de estafa, presentada el pasado viernes al Juzgado de Instrucción número 7 por el abogado penalista de los Coca, Horacio Oliva. También se pide en el documento que testifique Juan Herrera, marqués de Viesca.
El pasado viernes, el abogado penalista de la familia Coca, Horacio Oliva, presentó una ampliación de la querella criminal contra cuatro altos cargos de Banesto (Pablo Garnica, José María López de Letona, José María Sainz de Vicuña y Manuel Igea) por el presunto delito de estafa, según confirmó el propio Oliva a este periódico. El catedrático de Derecho Penal no quiso hacer ningún comentario al contenido del nuevo documento "por respeto a la justicia".Sin embargo, fuentes cercanas a la familia Coca indicaron que la querella se centra en los pactos secretos paralelos a la fusión de los bancos Coca y Español de Crédito, en cómo afectó tal fusión -positivamente- a la cuenta de resultados de Banesto y en la petición al juez Galán Cáceres de nuevas diligencias, entre las que sobresalen la demanda de testificación de Juan Herrera, marqués de Viesca (como persona determinante en la fusión) y del albacea testamentario de Coca, José Luis González Zaldúa, que hoy es el consejero delegado de la sociedad Quash-Tierras de Almería.
Persona incapaz
Según dichas fuentes, la querella pide el procesamiento de los hombres de Banesto por presunto delito de estafa por valorar que se está en presencia de una maquinación dirigida a una persona incapaz de valorar los términos de cualquier decisión (Ignacio Coca), que le condujo a una firma de unos compromisos que le perjudicaban y, paralelamente, favorecían a Banesto. Oliva explicó hace varios días, cuando preparaba esta querella, que se basaba en un supuesto titulado "circunvención de personas incapaces" existente en el Derecho italiano y que se centra en una manipulación a un mayor de edad incapaz, con engaño.La querella pide la ampliación de las diligencias a practicar. Entre las nuevas se demanda que declare Manuel Igea, subdirector general de Banesto, que no lo tuvo que hacer en la primera ronda delante del juez; que testifiquen Juan Herrera (consejero de Banesto que, junto con Pablo Garnica llevó las negociaciones preliminares de fusión de los dos bancos); José Luis González Zaldúa; Silvia Moroder, viuda de Coca; Iñigo Coca, hijo mayor del banquero; el doctor Pozuelo y Alfonso Márquez Patiño, amigo personal del suicidado.
Asimismo, requiere a Banesto que certifique la composición (participaciones accionariales) de su consejo de administración durante los años 1977 a 1984 y los ejemplares de sus memorias correspondientes a los años 1979 a 1985. También se pide al Banco de España un certificado de todas las ayudas prestadas a Banesto con ocasión de su fusión con el Banco Coca. Por último, demanda al juez para que varios expertos financieros precisen las fórmulas utilizadas para la fijación de los fallidos y las gestiones realizadas para el cobro de los créditos no, pagados, y estudien las provisiones para insolvencia hechas por Banesto por las deudas de. Coca y sus sociedades, a partir de la contabilidad del banco.
Según fuentes cercanas a los Coca, se pide también al juez que, en el caso de que las provisiones fuesen insuficientes, se determine su repercusión en la cuenta de resultados de Banesto. Ello justificaría la versión de la querella de que desde principios de la década de los años ochenta, Banesto tiene dificultades con el Banco de España por repartir beneficios sin tener suficiente, provisión para riesgos.
La nueva defensa penal de los Coca deberá centrarse en los aspectos de falsedad de documento mercantil y usura, admitidos a trámite, y en el de estafa si el juez lo considerase conveniente. Las fuentes consultadas indican que Horacio Oliva se basa en que, desde el primer momento de la fusión de los bancos, toda la operación acontece en el contexto de la crisis bancaria, que se llevaría por delante a la mitad de las marcas del sistema financiero español.
Conocimiento perfecto
Según los Coca, los hombres de Banesto conocían perfectamente la situación del Banco Coca, pese a los desmentidos de sus hombres más representativos, empezando por Pablo Garnica. Pese a que la escritura pública de fusión no se firmó hasta el mes de septiembre de 1978, desde muchos meses antes los ejecutivos de Banesto estudiaron y controlaron la gestión del Banco Coca. Primero, a través de las comisiones técnicas de ambas partes (en las que estuvo el querellado José María Sainz de Vicuña); posteriormente, y a partir del 2 de enero de 1978, con la presencia constante en la sede central del Banco Coca de dos directivos de Banesto, que vigilaron la marcha de las operaciones y su funcionamiento; más adelante, desde abril del mismo año, Manuel Igea, persona designada para llegar la dirección y control del Coca materializa su presencia en esta entidad; por último, a partir del 1 de junio de 1978, el control del Coca por Banesto es absoluto. Según las fuentes citadas, con todo ello quedan desmentidas las declaraciones de Garnica en el sentido de que no pudieron conocer los problemas que existían en el Banco Coca.
La ampliación de la querella al delito de estafa parece comprender exclusivamente a los dirigentes históricos de Banesto por lo que quedaría excluido de ella José María López de Letona. Es probable que hoy, el abogado de Banesto, José María Stampa pida la exculpación definitiva de Letona ante el juez.
