Aurelio Romero, Álvaro Molina, José Luis Coveñas y Francisco Benítez

Los concejales que ganaron el recurso contra la subida de las contribuciones

Ninguno de ellos imaginaba que se convertirían en el quebradero de cabeza de todos los gobiernos municipales cuando, hace ahora tres años, recurrieron contra el aumento de la contribución urbana en Jerez de la Frontera (Cádiz). Aurelio Romero, Álvaro Molina, José Luis Coveñas y Francisco Benítez (los tres primeros, abogados, y el cuarto, constructor), que forman el grupo de concejales de Alianza Popular en la ciudad que gobierna Pedro Pacheco, no deben pensar hoy que la justicia es un cachondeo.

El Tribunal Constitucional le ha dado la razón y ha declarado inconstitucional el artículo de la ley de Régimen Local que permitía a los municipios la subida libre de los tipos de las contribuciones urbana y rústica. El Ayuntamiento de Jerez, con los votos de los andalucistas -que gobiernan la corporación- y los socialistas, aprobó el 30 de diciembre de 1983 una de las subidas más altas de España.El 29 de febrero de 1984 los concejales de AP recurrieron ante el propio Ayuntamiento obtuvieron una rápida respuesta negativa, y ahí fue su suerte, porque la rapidez les dio ventaja sobre otros procesos judiciales que se entablarían, con lo que su caso ha sido el primero en obtener el fallo del Tribunal Constitucional. Además, en un Ayuntamiento para ellos ejemplar del mal gobierno económico que se practica en los municipios españoles. Aurelio Romero, portavoz de AP y encargado de los temas de Hacienda, afirma que, en general, el de Jerez es el Ayuntamiento con más elevadas tasas y arbitrios, y, en cambio, "ni ellos mismos saben a cuánto asciende el déficit".

Los cuatro concejales aliancistas se definen a sí mismos como clase media, amigos antes que compañeros de la política y jerezanos como el primero. Comparten rasgos comunes, especialmente Aurelio Romero (38 años), Álvaro Molina (39) y José Luis Coveñas (31). De la generación del nuevo presidente de su partido, Antonio Hernández Mancha, llegaron tarde a AP, en 1982 y 1983, a través de Miguel Arias, abogado del Estado como Hernández Mancha y uno de sus principales apoyos. Los tres ejercen como abogados en sus respectivos despachos, y son discípulos de la cátedra de Manuel Clavero.

En cambio, Francisco Benítez, de 47 años, está en AP desde 1978 y es constructor. Sin embargo, Álvaro y Aurelio comparten con él la pertenencia al mundo rociero. Benítez fue hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez. José Luis, el más joven, confiesa en cambio que echa de menos la animación de Sevilla, donde estudió.

Los cuatro, en cualquier caso, son enemigos jurados del gasto público excesivo. Su tesis principal es que los ayuntamientos tienen deudas por dos razones: porque se han metido en gastos faraónicos y porque asumen servicios que no les son propios.

Calculan que serán unos 100.000 millones de pesetas lo que habrá que devolver ahora a los contribuyentes. "Esto ha sido el gordo para el contribuyente, pero la pedrada habría que dársela al que hizo la ley", o sea, al Gobierno socialista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 20 de febrero de 1987.

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